El Gobierno se plantea posponer los indultos hasta después del 30-M

La nueva fecha aumenta la capacidad de presión de las fuerzas independentistas, e incluso de Unidas Podemos, sobre el Gobierno que, con su estrategia de cierta ambigüedad, estaba siendo capaz de no incendiar los ánimos de un electorado fácilmente polarizable. Pero en las últimas semanas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha ido soltando las píldoras para un relato que debería permitir a Pedro Sánchez resistir en sus posiciones entre dos aguas.

El pasado 30 de diciembre, cuando el retraso de los comicios era ya una posibilidad siquiera remota, Campo advirtió en una entrevista en la radio catalana Rac 1 que no podía comprometerse con que el Ejecutivo fuera a tomar una decisión sobre la medida de gracia solicitada para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó en el primer semestre del año. Admitió que era lo más probable. Pero expresamente dijo que no quería poner la fecha del mes de mayo para que no le acusaran de incumplir si finalmente se iban a junio o más tarde.

El ministro de Justicia también subrayó este jueves, ya sabiendo que el Gobierno catalán era partidario del retraso de los comicios autonómicos, que de media los procesos de concesión de indultos que abordado el Ejecutivo en los últimos dos años han durado entre diez y doce meses. Los de los líderes independentistas en prisión empezaron en septiembre, de modo que con su aviso apuntó claramente a junio o agosto. Además, calificó de «francamente difícil» que hubiera margen temporal para que, en caso de un indulto que también perdonara las penas de inhabilitación, alguno de los reos pudiera presentarse a las elecciones.

En la Moncloa remarcan, en cualquier caso, que la cuestión no está enteramente en sus manos. De momento, el Gobierno tiene que esperar a recibir el informe del tribunal sentenciador. El Supremo, a su vez, tiene intención de recabar la opinión de la Abogacía del Estado, como parte perjudicada, sobre los indultos de aquellos que, entre otros, fueron condenados por un delito de malversación. Pero aún no ha recibido el informe de los servicios jurídicos.

Una vez tenga en sus manos el informe del Supremo, que como el de la Fiscalía (criticado por sus alusiones políticas por la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska) se prevé no favorable a la medida de gracia, será el turno del Ministerio de Justicia, que es el encargado de elevar una propuesta al Consejo de Ministros.

Campo también se ha encargado de repetir que tendrá que analizar exhaustivamente y de forma individual cada caso y que eso le llevará tiempo. El andamiaje argumental para no dar pasos que, sin duda, podrían afectar a la campaña está pues armado.