El Gobierno obvia a Puigdemont y explica el 155 a los embajadores acreditados en España

El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, y el de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, reunieron este martes a los embajadores acreditados en España para trasladarles la posición oficial. Hasta ahora el Ejecutivo ha contado con el respaldo de sus socios europeos y ese apoyo resulta fundamental en un momento en el que Puigdemont y sus consejeros destituidos buscan internacionalizar el conflicto.

Fuentes del Gobierno no contemplan que el independentismo vaya a encontrar en el marco de la UE el aval que persigue. Especialmente, consideran, tras intervenciones como la de ayer del expresidente catalán en la capital belga. Una comparecencia en la que sólo vieron «victimismo» y en la que Puigdemont condicionó su retorno a Cataluña a la existencia de «garantías de juicio justo».

El Ministerio del Interior dejó constancia de su malestar por que se pusiera en duda el funcionamiento del Estado de derecho. Fuentes del departamento de Juan Ignacio Zoido alegaron que a nadie se persigue por sus ideas políticas, sino sólo por su actuación «al margen de la ley». Y es en el marco de la justicia donde el Gobierno sitúa ya las actuaciones de los miembros de la Generalitat destituidos.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, sostuvo que los dirigentes catalanes forman parte del «pasado» y el portavoz del PP en el Congreso celebró que Puigdemont dejara entrever ayer que su intención no es huir de los tribunales. «Si tiene un rayo de dignidad y quiere respetar el ordenamiento jurídico, me parece estupendo», zanjó Rafael Hernando. Pero fuentes del partido desconfían de los movimientos del expresidente.

La dirección nacional de los populares llegó a describir a Puigdemont como un «personaje penoso» que podría haber formado parte del imaginario de Ramón María del Valle-Inclán. «El esperpento que estamos viendo desde Bélgica daría la risa si no diera tanta pena», reprochó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. En todo caso, algunos de sus compañeros de filas creen que las últimas maniobras del independentismo sólo facilitan los trámites de la intervención catalana ante la opinión pública.

Nadie compareció ayer en la Moncloa, ni tan siquiera después de que el Consejo de Ministros se reuniera de manera extraordinaria para aprobar las normas complementarias que garantizan la organización de las elecciones del 21 de diciembre. De manera totalmente inusual, el Gobierno encomendó a su delegado en Cataluña, Enric Millo, la tarea de explicar desde Barcelona el detalle de lo abordado en el encuentro de Madrid en el que no estuvo presente.

La decisión responde al interés de desplazar el foco de la Moncloa, bajar el perfil de la intervención y no alimentar la imagen de los ministerios tomando las riendas de las consejerías. Desde el Ejecutivo se insiste en la importancia de dejar constancia de un «155 suave» que concluirá con los comicios y la investidura del nuevo presidente autonómico.

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales se está ocupando de supervisar los trabajos con las consejerías sobre el terreno. Roberto Bermúdez de Castro se encuentra desde el lunes en Barcelona y, de momento, fuentes del Gobierno garantizan que sólo han encontrado «colaboración» en los altos cargos y técnicos de la Generalitat.