El PSOE y Podemos negocian las medidas antidesahucios para encauzar la crisis

En Unidas Podemos aseguran que el acuerdo político está ya sellado al más alto nivel entre el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo. Lo que tendrá lugar a lo largo de los próximos días, de acuerdo también con lo explicado por Ábalos, serán reuniones de carácter «técnico» para dotar de encaje jurídico a la iniciativa. Pero el objetivo, según apuntó, está claro: extender la actual prohibición de los desahucios y ampliar el número de beneficiarios.

Las medidas aprobadas en el anterior estado de alarma tenían efecto solo hasta el 31 de enero de 2021( se amplió el plazo en dos ocasiones) y exclusivamente para aquellas personas que hubieran incurrido en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis de la Covid-19 y a las que no se pudiera ofrecer una solución habitacional alternativa. Ahora se plantea que también puedan verse protegidas personas que en una situación límite previa al estallido de la pandemia y que la medida dure hasta que el próximo mayo concluya el actual estado de alarma.

Los socialistas confían en que, a cambio, Unidas Podemos retire su polémica enmienda a los Presupuestos y los de Iglesias están dispuestos a ello si se alcanza un acuerdo antes de que el pleno del Congreso vote el próximo 3 de diciembre el dictamen de la comisión de Presupuestos. Pero el asunto tiene una complejidad añadida, los socios de Iglesias.

Del mismo modo que Unidas Podemos presiona al PSOE, Esquerra –ya en precampaña para las elecciones del 14 de febrero en Cataluña– presiona a Unidas Podemos para que no ceda en lo fijado en la enmienda que ambos comparten con Bildu: que la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros abarque hasta el 31 de diciembre de 2022. «Ni puedes decirle a la gente que se lave las manos y cortarle el agua ni puedes decirle a la gente que se quede en casa y desahuciarle ni puedes autocalificarte de progresista y que algo tan obvio se tenga que luchar tanto. Lo pactamos y debe respetarse», escribió en un tuit Gabriel Rufián, acompañando sus palabras de una información sobre la enmienda con foto de Iglesias.

Moncloa ya ha trasladado a sus coaligados que no negociará el texto que le presentaron casi a traición en el Parlamento y tienen un as en la manga. Los letrados de la comisión de Presupuestos avisaron hace unos días de que la enmienda pretende regular asuntos que conforme a la jurisprudencia del Constitucional no deben abordarse en el proyecto de ley de Presupuestos.

«Dentro del Gobierno hay posibilidades para llegar a acuerdos como hemos llegado anteriormente a acuerdos respecto a los precios del alquiler en las zonas tensionadas», remarcó Ábalos en relación a otro asunto que Podemos exigió tramitar en paralelo a las Cuentas antes de darles su visto bueno.

Lo que no está decidido, según el ministro, es qué instrumento legal se utilizará en esta ocasión. Pero la vía más probable es la de un nuevo real decreto ley –como se hizo con la ampliación de los ERTE o de los créditos ICO– dado que los de Iglesias insisten en que se trata de un asunto «urgente». El problema es que para sacarlo adelante, el voto de Esquerra resultaría una vez más clave.

Los socialistas, en todo caso, se han visto obligados a ceder una vez más frente a sus socios de coalición en un asunto del que ambos partidos hacen bandera pero en el que el PSOE, amparado en la necesidad de generar un marco de seguridad jurídica, adopta, tradicionalmente, una postura más moderada.

En el partido de Sánchez se acusa a los de Iglesias de generar polémicas inexistentes para colgarse medallas y simular que los llevan del ronzal hacia la izquierda. Insisten, por ejemplo, en que Ábalos siempre dejó abierta la puerta a la ampliación del decreto antidesahucios. El malestar hacia esa actitud de Podemos fue muy patente la semana pasada pero el presidente del Gobierno está dispuesto, por ahora, a tragar para salvar unos Presupuestos de los que depende la legislatura.