El Gobierno modula posición en la ley ELA y ultima un pacto con PP y Junts

La tramitación de una normativa sobre la ELA -que el Gobierno quería que dotara también de cobertura a otras patologías neurodegenerativas y ahí estaba al menos hasta ahora uno de los puntos de fricción- se lanzó en el Congreso la pasada legislatura, pero quedó arrumbada por la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de las elecciones generales el 23 de julio de 2023. El pasado 12 de marzo, la Cámara volvió a activar el debate avalando por unanimidad el inicio del camino parlamentario de 'la proposición de ley orgánica para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica -ese es su título completo- impulsada por el PP; un documento al que los socialistas y Sumar oponen un texto alternativo y también Junts. La profusa discusión de las enmiendas, con medio centenar de aplazamientos, fue determinante para que la ley acabara yendo al ralentí la pasada legislatura hasta terminar encallando.

La proposición de ley de los populares se encuentra en estos momentos residenciada en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso, donde acumula ya otras 14 ampliaciones en el trámite de enmiendas decididas por la mayoría que suman los partidos del Gobierno en la Mesa. Pero este viernes, después de un inicio de curso parlamentario en el que el Ejecutivo vio cómo el PP se granjeaban el apoyo del PNV para sacar adelante el simbólico reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, los socialistas y Sumar remitieron una contrapropuesta sobre la ELA a Génova.

El partido líder de la oposición confirma a este periódico que los seis aspectos que considera nucleares "están" en esa oferta de las fuerzas del Gobierno, pero constata también su desconfianza y su determinación de revisar hasta la última coma de lo planteado. Esas claves de bóveda de la futura ley son la supervisión y atención continuada especializada las 24 horas del día para los pacientes con un deterioro avanzado; que la ley sea específica para la ELA y enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible; la puesta en marcha de una estructura para investigar la patología; la ayuda a los enfermos electrodependientes y consumidores vulnerables; la capacitación también específica de los profesionales; y una dotación necesaria de recursos económicos.

"Si el Gobierno acepta estos puntos a los que se ha negado hasta ahora y que están consensuados entre el partido y las asociaciones de pacientes, puede haber acuerdo", emplazan fuentes de la dirección de Feijóo. Esta mañana, en una intervención ante los medios sobre diversos tems de actualidad y preguntada al respecto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado que "lo importante y lo urgente" es responder a las demandas de los afectados antes que las cuitas del Gobierno por su compleja e inestable mayoría parlamentaria o "las inútiles" iniciativas cuya aprobación, a su juicio, viene promoviendo.