El Gobierno mira a Baviera y su policía de fronteras en la negociación migratoria con Junts

Las conversaciones se llevan a cabo todavía bajo la espada de Damocles de la proposición no de ley que Junts pretende someter a votación en el Congreso en el pleno del 25 de febrero y que insta a Pedro Sánchez a «considerar la oportunidad» de plantear una cuestión de confianza. Aunque la formación catalana accediera esta semana a suavizar su redacción para que los socialistas aceptaran tramitarla y pese a que el propio presidente ha dejado claro que en ningún caso pasará por el trance de volver a pedir el aval del Parlamento, el texto sigue suponiendo una bomba de relojería y un fenomenal elemento de presión en manos de los posconvergentes.

Ambas partes llevan muchas semanas, desde finales del pasado año, asegurando que ha habido, en el asunto de las competencias sobre inmigración, importantes avances. Pero aún quedan escollos en asuntos sobre los que Junts no deja de insistir. Uno de ellos es el del control de las fronteras. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a advertir hace tan solo 15 días de que esa es, según la Constitución, una competencia exclusiva del Estado y una línea roja que no se puede traspasar. Junts replica que hay informes que avalan la «flexibilidad» del articulo 150.2 de la Carta Magna –el que ampara las transferencias o delegaciones a las autonomías– y que todo es cuestión de voluntad política.

Ahora, en el Gobierno revelan que tanto Interior como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, están analizando fórmulas de Derecho comparado que permitan una aproximación de posturas. Y fuentes conocedoras de la negociación apuntan al ejemplo del 'land' alemán de Baviera y su policía de fronteras como una posible fuente de inspiración y orientación.

La legislación alemana atribuye a la policía federal la protección de la frontera, pero en 2018, tras un choque entre la canciller Angela Merkel y su ministro del Interior y líder de los conservadores bávaros, Horst Seehofer, por la política migratoria, se alcanzó un acuerdo –mal visto entonces por los socialdemócratas– por el que se restableció la policía fronteriza del estado federado del sur de Alemania, disuelta en 1998. Fue, en buena medida, una reacción a la crisis migratoria de 2015, consecuencia de la guerra de Siria, y al auge del partido ultraderechista Alternativa por Alemania.

La policía bávara puede hacer controles aleatorios en las carreteras y en los pasos fronterizos más pequeños y apoya a la policía federal en el aeropuerto de Núremberg, pero no puede rechazar a nadie sin autorización de las autoridades federales. Ambas actúan de manera coordinada a través de oficiales de enlace y la policía del 'land' pone en conocimiento de los agentes del Estado las infracciones que pueda encontrar.

Junts, en principio, quiere ir más allá, porque pretende que Cataluña pueda decidir las expulsiones. Tampoco le vale un acuerdo como el suscrito con el Gobierno vasco por el que la Ertzaintza asumirá, a partir de mañana, las competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos. Otro asunto en el que inciden los posconvergentes y en el que, sin embargo, en el entorno del Ejecutivo sí ven margen de acuerdo es el de la tramitación del NIE ( el número de indentificación de extranjeros) y la entrega de documentos, como la entrega de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el que, dicen, también podría optarse por una fórmula coope