El Gobierno no logra tentar a las autonomías del PP con su oferta de más déficit

Esa norma, establecida en la ley de estabilidad presupuestaria, impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de España a medio plazo, incluso aunque haya superávit. La única excepción se da si el dinero gastado de más se compensa con aumentos de ingresos de carácter permanente. En realidad, sólo siete comunidades cumplieron esa exigencia en 2017 y, de ellas, la única del PP que lo hizo fue Galicia; así que no parece, en ningún caso, que hasta ahora las comunidades hayan sentido que la regla de gasto era un corsé.

Tampoco con Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, los ejecutivos del PP tenían ninguna garantía de que en esta legislatura se acometiera la ansiada reforma del sistema de financiación. Pero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Ejecutivo y las autonomías, no se libra solo una batalla económica, también hay un importante componente político. Y los populares, que aún se lamen las heridas por su desalojo del Gobierno central mediante la moción de censura, no están dispuestos a facilitar las cosas a Pedro Sánchez.

En un intento de atemperar los ánimos, la ministra se comprometió ya en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) -previa a la del CPFF- a flexibilizar las condiciones para que los ayuntamientos y autonomías con superávit puedan invertirlo. Sin embargo, remitió para mayor concreción a una futura reunión de la comisión de estudio creada ya hace más de un año para tal fin (sin resultado alguno), es decir, que todo quedó en su palabra.

La ministra de Hacienda advirtió de que no se hablará de financiación en foros a no tengan un formato multilateral. De esta manera salía al paso de los recelos motrados por las comunidades gobernadas por el PP hacia lo que pueda pactar el Gobierno con la Generalitat de Cataluña en la Comisión Bilateral, que ambos celebrarán antes de agosto. Las comunidades gobernadas por los populares acusaron al Ejecutivo de estar dispuesto a ceder a sus demandas a costa de las demás autonomías. El hecho de que el vicepresident, Pere Aragonès, no asistiera a la reunión de ayer no hizo sino acrecentar el malestar. «Quieren hablar a solas; Cataluña desprecia al resto de las comunidades y el Gobierno de la Nación, es cómplice de ese desprecio», dijo el murciano, Fernando de la Cierva. Entre las cuestiones que Hacienda está dispuesta a ofrecer a las comunidades endeudadas está algo que ya puso sobre la mesa en su día Montoro pero que no llegó a concretar: una reestructuración.

La posición del principal partido de la oposición augura problemas para que el Ejecutivo pueda tramitar sin sobresaltos los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La ley de estabilidad presupuestaria exige que tanto el Congreso como el Senado aprueben los objetivos de deuda y déficit fijados por el Gobierno junto al techo de gasto de las cuentas públicas. Si no lo hacen, se devuelven al Ejecutivo para que elabore una nueva propuesta. A tenor de lo vivido ayer, parece difícil que el la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, dé su aval a la senda gubernamental. Y ahí empiezan los problemas. Porque el Ejecutivo podrá elaborar igualmente los Presupuestos, pero según advirtieron los informes jurídicos del Estado al anterior Gobierno, se arriesga a que las Mesas del Congreso (con mayoría de PP y Ciudadanos) y el Senado (con mayoría del PP) se nieguen a su tramitación.

La Comunidad Valenciana no está a favor de los planes del Gobierno en cuanto al déficit. En la reunión que mantuvo ayer la ministra de Hacienda con las comunidades en el CPFF los valencianos se abstuvieron, convirtiéndose en la única socialista que no votó a favor. Era de esperar, tras el anuncio del Gobierno de que no habrá nuevo sistema de financiación, un asunto del que el Gobierno valenciano había hecho bandera. Compromís -socio de Gobierno de los socialistas- no les habría perdonado un voto positivo. Esta formación ya había anunciado además que votaría en contra de los objetivos de déficit que llevará el Gobierno al Congreso de los Diputados el próximo martes si no se fijaban objetivos diferenciados para cada autonomía.