El Gobierno de Pedro Sánchez no contempla elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de los dos miembros de Junts y ERC en la Mesa de Edad del Parlament que permitieron este lunes que Carles Puigdemont y Lluís Puig, prófugos de la justicia, ... participaran a distancia en la elección la presidencia de la Cámara catalana, en contra de lo dictaminado por el órgano de garantías. Tampoco lo hará el PSC.
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El Ejecutivo, que aún mantiene vivas sus esperanzas de que ERC acabe apoyando la designación del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y, a corto plazo, aspira a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025 con el apoyo de los dos principales partidos independentistas de Cataluña, minimizó este martes la triquiñuela mediante la que estos lograron situar al frente de la Cámara al exconsejero indultado la legislatura pasada Josep Rull.
"Ahora que ya hay presidente en la institución se abre el plazo para elegir al candidato a la investidura", se limitó a valorar la ministra portavoz, Pilar Alegría, en su comparecencia habitual de los martes tras la reunión del Consejo de Ministros. Illa, que en una entrevista en La 2 había prometido horas antes “generosidad” y “mano tendida” para intentar alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Esquerra y los comunes, se mostró partidario de pasar por alto el asunto con el argumento de que ahora hay una ley de amnistía que plantea abrir un tiempo nuevo.
Se da la paradoja de que fueron los socialistas catalanes los que recurrieron al Constitucional en amparo en contra del sistema de voto telemático que habilitó la Mesa del Parlament la legislatura pasada para que pudieran votar los diputados independentistas procesados por su papel en el intento de proclamar la independencia en 2017 huidos en el extranjero. El tribunal dictaminó la semana pasada que la fórmula ideada por el secesionismo no era válida.
Ni Puigdemont ni Puig votaron el lunes de manera telemática. Lo hicieron por delegación, pero esa opción también fue inhabilitada por el TC en abril de 2023. Su participación, como la del también fugado Ruben Wagensberg (ERC), que al estar de baja médica sí podía delegar el voto, resultaban determinantes para decantar las mayorías en la elección de lo que el independentismo califica como una Mesa "antirrepresiva".
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El PP y Vox ya han anunciado sendos recursos. El Gobierno que, en el pasado hizo lo propio ante incumplimientos semejantes alega ahora, sin embargo, que el Tribunal Constitucional "sabe cómo ejecutar sus propias sentencias". Alegría adujo que la sentencia emitida por el órgano de garantías es "clara" y que los socialistas catalanes no participaron en la decisión de la Mesa de edad. "Quien quiera recurrir que recurra", insisten fuentes de Moncloa.
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