El Gobierno inicia el proceso para expulsar a los monjes del Valle de Cuelgamuros

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha convocado para este martes la primera reunión de la comisión que deberá encauzar el desalojo de los religiosos con todas las garantías legales. «Los benedictinos no pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos», prometió el ministro Víctor Ángel Torres ante el Senado la semana pasada. El Gobierno se basa en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 y que en su artículo 54 establece que, tras la aprobación de un decreto por parte del Gobierno, «se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales».

Según explica el Ministerio de Memoria Democrática, la Fundación de la Santa Cruz fue creada en 1957 por el régimen franquista «con el fin de perpetuar la memoria de los Caídos de la Cruzada de Liberación, para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria y para ejemplo de generaciones venideras». La decisión del Gobierno de Franco también especificó que la orden religiosa que debía ocuparse del «culto religioso y los sufragios» así como «mantener un centro de estudios» sería la de San Benito. Los benedictinos desembarcaron en el Valle de los Caídos en 1958, un año antes de que el dictador inaugurase oficialmente el que sería su mausoleo durante más de cuatro décadas.

El primer paso de la nueva comisión ministerial será diseñar el decreto que dé amparo legal a la expulsión de los religiosos. El desalojo, en cualquier caso, no será inmediato y podría alargarse durante años. El prior de los benedictinos, Santiago Cantera, ya ha avanzado que los religiosos solo abandonarán Cuelgamuros si la orden llega desde El Vaticano, de quien dependen directamente estos monjes por encima de la Conferencia Episcopal Española. No se anticipa, sin embargo, que desde Roma se vaya a plantear oposición a los propósitos del Gobierno. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ya dejó claro en 2019 que debía permitirse la exhumación de los restos de Franco.

El prior de Cuelgamuros había llegado a comunicar por escrito al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no permitiría el acceso de los operarios a la basílica donde se encontraba la tumba del dictador. Finalmente acató las directrices de la Santa Sede pero dejó clara su voluntad de pelear contra lo que considera profanaciones a un recinto religioso.

Cantera fue candidato por Falange en las elecciones generales de 1993 antes de hacerse cargo de esta comunidad benedictina de Cuelgamuros que conforman una veintena de religiosos. Ahora se presenta como el principal escollo del Gobierno de coalición para culminar la reinterpretación del antiguo Valle de los Caídos.

De producirse finalmente la expulsión de los benedictinos aún le quedará pendiente al Gobierno la exhumación de parte de las 33.000 víctimas de la Guerra Civil que fueron trasladadas a las criptas de la basílica franquista sin el consentimiento de sus familias.