El Gobierno inicia el proceso para exhumar al general franquista Queipo de Llano

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, remitió este lunes una misiva a la Hermandad de la Macarena, encargada de velar la sepultura, en la que destaca «la paradoja que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales». «Como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, es obligado poner fin a esta situación», continúa la misiva.

Desde la hermandad, se aseguró tras recibir la comunicación que se respeterá la legislación y que, tras recibir la que aseguran es la primera carta del Gobierno, se realizan ya las labores requeridas. No se han anunciado los detalles de la exhumación o la fecha de la misma.

La iniciativa del Gobierno no se trata, en cualquier caso, de una improvisación. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había anticipado que al día siguiente de la publicación en el BOE de la nueva norma se acometería el proceso de exhumación de las figuras franquistas sepultadas en lugares públicos. Y puso especialmente el foco en José Antonio Primo de Rivera -enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, rebautizado la semana pasada como Cuelgamuros- y en Queipo de Llano. En el caso del fundador de Falange, fusilado por el bando republicano en 1936, la familia se ha anticipado anunciando su voluntad de proceder a la exhumación de forma voluntaria y por sus propios medios.

Queipo de Llano, conocido como 'virrey de Andalucía', un criminal de guerra para sus detractores, yace desde su fallecimiento en 1951 en la Basílica de la Macarena de Sevilla, cuya construcción impulsó el propio general, autor de una brutal represión que se cobró más de 12.000 vidas en la provincia y cerca de 50.000 en toda la comunidad andaluza, dejando para la posteridad discursos radiofónicos en los que arengaba a los soldados a violar a las mujeres republicanas para demostrarles lo que era «un hombre de verdad».

Junto al general franquista, deberá ser exhumado de su sepultura en la basílica Francisco Bohórquez, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra.

Tras las de Primo de Rivera, Queipo de Llano y Bohórquez podrían llegar nuevas exhumaciones. De momento, varias asociaciones de memoria histórica han pedido al Gobierno que los restos mortales de los generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch sean retirados de la cripta del Alcázar de Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa. Según Isabelo Herreros, presidente de la Asociación Manuel Azaña, en base a la nueva ley «ningún personaje relacionado con el golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura franquista puede ocupar un lugar preeminente». Y, en su opinión, ya hace años pudo aplicarse la Ley de Memoria Histórica para llevar a cabo estas exhumaciones «pero faltó voluntad política».

Moscardó, fallecido en 1956, era comandante militar de Toledo y director de la Escuela Militar de Gimnasia de Toledo -esta institución ocupaba la fortaleza del Alcázar- en julio de 1936. A raíz del golpe militar contra la República, el entonces coronel Moscardó se recluyó en el Alcázar junto a oficiales, cadetes, guardias civiles y vecinos de Toledo.

El golpe de estado también sorprendió como cadete a Milans del Bosch en la Academia de Infantería de Toledo donde había ingresado como alumno dos años antes. En el asedio, que se inició el 21 de julio y finalizó el 27 de septiembre, llegó a ser herido durante un bombardeo. El 23 de febrero de 1981, Milans del Bosch se convirtió en el único capitán general de una región militar que se sumó al golpe de estado de Antonio Tejero.