El Gobierno impugnará los acuerdos del Parlament sobre desobediencia y amnistía

En este sentido, el Ejecutivo ha apuntado que estudiará el contenido de las resoluciones referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O y que actuará jurídicamente contra las mismas.

La primera resolución, que ha sido aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, expresa el compromiso de la Cámara catalana para trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O.

Con esta resolución el Parlament también se conjura para «liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación» si la sentencia del Supremo es condenatoria.

También llama al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, «siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas» en caso de que se condenen a los presos soberanistas.

La segunda resolución, aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP -y con la abstención de los comuns- declara necesaria «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil».

«Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía», recoge el texto que ha prosperado en el Debate de Política General.

El Gobierno ya impugnó recientemente varias resoluciones del Parlament de Cataluña relativas a la figura del Rey y a la Monarquía. Entre ellas, la encaminada a crear una comisión de investigación sobre la monarquía, aprobada en marzo del pasado año e impulsada por JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.

Igualmente, impugnó también la resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlamento catalán fue propuesta por En Comú; reivindica los valores republicanos y apuesta por «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía». También rechaza y condena «el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán», ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.