Gobierno y Generalitat pactan «reformas legales» para sacar el 'procés' de la justicia

Los indultos concedidos hace un año por el Gobierno a los nueve condenados por el Tribunal Supremo ayudaron a engrasar la relación de Pedro Sánchez con un aliado parlamentario clave para la aprobación de leyes como los Presupuestos y sirvieron a Pere Aragonès para amortiguar el ruido generado por sus socios de JxCAT, contrarios a su apuesta diálogo. Pero, enterrada la reciente crisis del espionaje, el horizonte de asuntos aun sin juzgar e incluso pendientes del escrito de acusación de la Fiscalía complica el escenario para ambos.

En las últimas semanas, el Gobierno catalán había apuntado a algunas reformas legales como vía para encauzar lo que se empeña en denominar como «represión» del Estado, entre ellas, la reforma del Código Penal para rebajar las penas de los delitos de rebelión y sedición, la modificación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que investiga a una treintena de dirigentes independentistas por gastos indebidos relacionados con el 1-O, o la de la 'ley mordaza'. El acuerdo firmado este miércoles no se refiere de manera específica a ninguna de ellas, pero sí habla de emprender cambios legislativos con la «voluntad» de que sean aprobadas antes de fin de año.

El texto apela además a tomar como referencia «los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales» y eso, teniendo en cuenta los discursos del PSOE y de ERC, sí apunta a una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, podría evitar la entrada en prisión de Carles Puigdemont en caso de ser entregado a España y condenado, como lo fue Oriol Junqueras, por un delito de sedición (en su caso, en concurso medial con malversación).

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, todavía argumentó este miércoles -tras el encuentro de una hora y tres cuartos que mantuvo en la sede de su departamento junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, con la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, el consejero de Empresa y trabajo, Roger Torrent, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga. todos de ERC- que el Gobierno sigue siendo partidario de «armonizar» la legislación penal con el resto de Europa. Aunque negó que haya un compromiso sobre este asunto concreto.

La rebaja de las penas por sedición fue una propuesta lanzada por el propio Sánchez a los pocos días de ser investido presidente del Gobierno, tras una campaña electoral tremendamente dura contra el independentismo. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó el proyecto de reforma muy avanzado antes de ser sustituido por Pilar Llop hace un año, pero dado que en un principio tanto ERC como JxCAT la desdeñaron, el Gobierno acabó metiéndola en un cajón y apostó por los indultos. Ahora que Esquerra quiere desenterrarla a las puertas de un año electoral muy complicado, el PSOE alega que no hay mayoría para sacarla adelante.

Bolaños no cerró, en todo caso, ninguna puerta. Solo dio a entender que antes de nada es preciso que ambas partes se pongan de acuerdo sobre el contenido del futuro texto. La propuesta de Campo, por ejemplo, pasaba por 'compensar' la matización de las penas atribuibles a la sedición con la introducción de un castigo por desobediencia al Tribunal Constitucional, algo que no es del agrado de ERC. «Cuando logremos ese acuerdo será el momento de ver si tenemos apoyo. Ahora el Gobierno entiende -insistió el ministro- que no lo hay». En su intervención, en todo caso, trató sobre todo de hacer hincapié en otro punto del acuerdo, el que habla de respetar «el ordenamiento y los principios democráticos». La consejera Vilagrà lo expresó con resignación de otro modo: «que la ciudadanía no pueda votar su futuro político en libertad -dijo-es algo que estamos lejos de resolver».

ERC, sometido a una enorme presión de Junts, sí presumió, en cambio, del acuerdo «esencial y nuclear» en torno al catalán, que además de validar una norma cuestionada por el TSJC, implica que el Gobierno impulse el catalán como lengua de uso en el PArlamento Europeo, su utilización más amplia en el Senado y se reconozca el derecho a ser «correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica».