Gobierno y Generalitat mantienen viva una mesa de diálogo con futuro sombrío

Los dos primeros encuentros se limitaron a las cuestiones protocolarias y metodológicas. El tercero debería entrar en asuntos de fondo para abordar la solución al conflicto. Se supone que desde septiembre se han producido reuniones «discretas» de delegados de ambas partes en las que se deberían haberse producido avances «tangibles». Pero nada ha trascendido. Solo los protagonistas saben en qué punto está el diálogo.

Aragonès reclama un encuentro de alto nivel inmediato pero Sánchez enfrió esas urgencias en su balance de fin de año. «Ahora –avisó– la prioridad es superar la pandemia». En la Moncloa aseguran que en ningún caso se plantean descafeinar una mesa que ha servido para normalizar las relaciones con Esquerra y mejorar, con momentos de crisis, la colaboración en el Congreso. Sin ese foro, admiten los socialistas, el apoyo de los republicanos a los Presupuestos hubiera sido más problemático. Y lo mismo se puede decir para otras iniciativas legislativas del Gobierno que han contado con el respaldo de Esquerra.

La mesa es para Sánchez una herramienta para engrasar las relaciones con los independentistas, al menos con Aragonès y los suyos porque Junts no quiere saber nada. Pero que nadie espere grandes acuerdos ni a corto ni medio plazo. Menos con el nuevo ciclo electoral que se abre con el adelanto en Castilla y León, al que seguirá, probablemente en junio, la cita con las urnas en Andalucía. La carpeta catalana ya ha quedado relegada por la pandemia, y tiene difícil volver al primer plano con las elecciones que se avecinan. Una pérdida de protagonismo, aseguran en la Moncloa, que no significa una merma de su importancia.

Sánchez enfrió la mesa de diálogo en su balance anual, pero el presidente de la Generalitat no se ha dado por vencido y ha invitado al presidente del Gobierno a arriesgar y a poner ya sobre la mesa su propuesta para la «resolución del conflicto político» sin dilatar el proceso de negociación. Los republicanos admiten que la pandemia manda y que afecta a todos los órdenes de la gestión pública. Pero mantienen la fecha del siguiente encuentro para «principios de año», según Aragonès. En Esquerra reclaman discreción y a la vez presionan para que en la cita fijada para enero puedan darse pasos que evidencien que se avanza.

Aragonès ha retado a Sánchez a moverse y hacer planteamientos concretos que permitan «visualizar claramente el compromiso de las dos partes en este proceso de negociación». En su discurso de Navidad, presionó al Gobierno para que ya en 2022 puedan darse «resultados tangibles» en las conversaciones. Si no es así, amenazó con «buscar alternativas». Es decir, amenazó con sacar del cajón la vía unilateral.

Esquerra no acepta que Sánchez dé largas con la mesa de diálogo porque le sitúa en una posición incómoda en el campo independentista. Junts y la CUP llevan meses advirtiendo de que la negociación fracasará y caerá por su propio peso. En el entorno de Aragonès siempre han reconocido que donde pueden darse avances es en la carpeta que el secesionismo llama la de la amnistía (primero con los indultos y ahora con la reforma del delito de sedición en el Código Penal), más que en el capítulo político del referéndum, donde las posiciones son irreconciliables.

Pero lo sustantivo para el líder republicano, como para el presidente del Gobierno, es mantener vivo el diálogo porque es la apuesta de su mandato, da estabilidad al Govern y arrincona a la vía radical que abandera Puigdemont.

Aragonès, en cualquier caso, ha dado un giro a su legislatura. Ya no depende de la CUP y en consecuencia ya no tiene tantas urgencias en la negociación con el Gobierno. En un principio, el presidente de la Generalitat necesitaba que la mesa avanzara de forma clara si quería superar la moción de confianza a la que se comprometió con la CUP en el pacto de investidura. Los comunes son ahora los socios del Govern y en ERC ya descartan una cuestión de confianza en 2023, en el ecuador de la legislatura, por lo que la presión sobre la mesa se reduce. Los anticapitalistas siguen teniendo influencia pero ya no condicionan la gobernabilidad.