Gobierno y Generalitat manejan una agenda alternativa para la mesa de diálogo

Ni amnistía (inviable) ni autodeterminación (inconstitucional y divisiva) ni agenda para la reconstrucción (insuficiente). Los dos presidentes, primero, y los cinco ministros y dos consejeros catalanes, después, se cerraron en banda ante las propuestas del otro lado de la mesa. Los acuerdos a los que llegaron la Moncloa y el Govern, si los hubo, están cubiertos por un manto de secreto. Solo trascendió un tímido consenso sobre metodología –más encuentros discretos que públicos– y de calendario para tener, si es posible, citas mensuales.

Si no hay nada de qué hablar sobre los temas puestos sobre la mesa, de qué van a dialogar «sin prisas, sin pausas y sin plazos». Es la pregunta razonable que surge tras la reunión de cuatro horas largas del pasado miércoles en el Palau de la Generalitat. Ambas partes guardan casi con reserva total sus planes. Aragonès enseñó algo de sus intenciones en una conversación con el diario norteamericano 'New York Times', en la que dijo que pretende «explorar la posibilidad de crear legislación en España que permitiría legalizar la votación». El presidente catalán se refería, según fuentes del Palau de la Generalitat, a una reforma de la ley del referéndum o la aprobación de una nueva normativa que dé base jurídica a una consulta sobre el futuro de Cataluña. Algo similar a la ley de claridad de Canadá para las demandas secesionistas de Quebec, añaden estas mismas fuentes.

El Govern también busca una fórmula legal que permita el retorno de «los exiliados», como denominan en las fuerzas nacionalistas a Carles Puigdemont y al resto de dirigentes fugados en 2017 ante la apertura de procesos judiciales por el referéndum ilegal del 1-O. El levantamiento de la orden de busca y captura sería la solución ideal, apuntan en Esquerra. Pero el Gobierno recuerda que esa decisión está en manos del magistrado del Supremo, Pablo Llarena, no en las suyas. Los republicanos aluden al antecedente de la exconsejera Meritxell Serret, que huyó junto a Puigdemont a Bélgica, pero que regresó a España el pasado 11 de marzo al no pesar sobre ella dicha orden.

La Moncloa también tiene cartas que no ha mostrado o apenas ha enseñado. Entre ellas, la reforma estatutaria. Un asunto que salió en la reunión del pasado miércoles, pero que ambas partes acordaron aparcar ante la evidente falta de apoyos en el Parlamento de Cataluña para encarar una operación de semejante calibre y con los antecedentes existentes. Se trataría, dicen fuentes socialistas, de aportar «un nuevo marco de autogobierno» dentro los límites constitucionales. También hay quien apunta la posibilidad de explorar la vía de las disposiciones adicionales de la Carta Magna, una senda mucho más enrevesada porque todo lo que sea tocar los aspectos nucleares de la Constitución lleva aparejado un procedimiento largo y complejo, además de la más que previsible negativa de la oposición a acordar una reforma, y sin su participación no es posible abordarla.

Para el Gobierno de Sánchez, el enfoque adecuado sería una mesa de todos los partidos catalanes que fijara una posición consensuada sobre el autogobierno. Una propuesta que defiende el PSC desde hace años, pero que por el momento no ha cuajado por la negativa independentista y las irreconciliables posturas en el espectro político de Cataluña. El presidente del Gobierno, sin embargo, defendió esa senda durante su reunión Aragonés, y así se encargó de recordarlo en sus posteriores declaraciones.

Pero todo está en mantillas. Solo hay «voluntad de diálogo», como se encargaron de poner de relieve Sánchez y Aragonès. Todo es «humo» para allanar la negociación entre el PSOE y Esquerra en el Congreso, según el diagnóstico común de Junts y el PP. Sea como fuere, socialistas y republicanos convinieron no generar expectativas de objetivos para no dejar al descubierto nuevos flancos a sus respectivas oposiciones.