Sánchez celebra el pacto con ERC mientras la inquietud cunde en las baronías del PSOE

No todo el PSOE es tan entusiasta. A falta de explicaciones claras por parte de la dirección sobre cómo interpretar la letra pequeña del acuerdo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –que justo ayer consumó la amenaza de llevar al Constitucional la ley de amnistía– y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, fueron quienes, como suele ser habitual, mostraron primero su oposición a la fórmula descrita la víspera por la portavoz de la dirección de Esquerra, Raquel Sans. Según el texto hecho público ya por los partidos firmantes, el acuerdo implicaría, efectivamente, que la Generalitat «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña» y que efectúe una «aportación» a las finanzas del Estado por el coste de los servicios que este presta, como ocurre con el Concierto vasco y el Convenio navarro.

Sánchez, sin embargo, desdeñó los reparos internos. El jefe del Ejecutivo argumentó que, al margen de cuál sea el sistema de financiación, «lo importante es contar con Gobiernos, tanto en el ámbito nacional como a nivel autonómico, que crean y trabajen por la fortaleza de los servicios públicos» y advirtió, además, de que tiene el respaldo de su ejecutiva, que a mediodía, en una reunión convocada la víspera de urgencia, aprobó, aun con una participación presencial limitada a menos de la mitad de sus componentes, una resolución por la que se compromete a «impulsar» y «hacer efectivo» el acuerdo sellado por el PSC. Solo hubo una abstención, la del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez.

Lo cierto es que más allá de Page y Lambán, y a la espera de recibir explicaciones más claras de qué es lo que se pretende, son otros muchos los dirigentes de distintas regiones que en privado reconocen que el pacto les preocupa o no les gusta en absoluto. «Lo que tengo claro es que, si es en esos términos (y lo parece), no es defendible ni justificable», señalaba un líder autonómico antes de constatar que lo descrito por Sans la noche anterior es lo que consta en el acuerdo, pendiente de validar el viernes por las bases de Esquerra. «Por lo que se ve – lamentaba otro cuadro–, vale todo».

Algunos advierten de que esta vez despachar los recelos circunscribiéndolos a los dos eternos críticos no funcionará. «Hoy son ellos los que están reflejando el sentir mayoritario de nuestros militantes y más importante aún, de nuestra base social y electoral», apunta un dirigente con cargo institucional. «La investidura de Illa no puede costarnos unas elecciones generales y unos consensos estatales construidos durante años; es una voladura a toda nuestra base ideológica y programática», añade.

Es cierto que, en público, prima la cautela. Pero en algunas intervenciones se vislumbró ayer incomodidad. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que rechazó en marzo, una fórmula como la defendida por Esquerra, no se pronunció, pero su vicepresidenta, Gimena Llamedo, recordó que en Asturias hay un acuerdo sobre financiación del que participan todos los grupos excepto Vox y que sigue en vigor el acuerdo de Santiago de Compostela. Aquel pacto, suscrito por ocho autonomías del PSOE, PP y PRC en 2021, decía, entre otras cosas, que la reforma de la financiación solo podía ser fruto de un consenso multilateral y debía quedar al margen de los espacios bilaterales entre el Ejecutivo central y cada comunidad.

El nuevo secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, también fue muy elocuente al hablar, antes de que trascendiera documento alguno, del asunto. Y si bien admitió que le faltaba información, añadió: «Yo no soy la señora Guardiola (presidenta autonómica gracias a Vox) que cambia sus principios por intereses. No he venido a mantenerme sino a intentar ser útil a los extremeños y si el acuerdo tiene que ver con la desigualdad de los españoles, el PSOE de Extremadura está radicalmente en contra».

Después de la resolución de la ejecutiva, en la que dirigentes como el andaluz Juan Espadas participaron de forma telemática sin, según fuentes del encuentro, expresar malestar alguno, está por ver, en todo caso, que alguien rompa filas. En los territorios llevan tiempo preocupados porque la estrategia de distensión hacia Cataluña ha podido servir para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa gracias al aumento de votos en esa comunidad autónoma, pero la marca socialista ha sufrido un fuerte desgaste en sus feudos. Sin embargo, eso no se ha traducido hasta ahora en una rebelión interna, como evidenció la difícil prueba de la ley de amnistía.