El Tribunal Supremo decide mañana si paraliza la exhumación de Franco

La incógnita está en si el Supremo adoptará o no medidas cautelares, tal y como ha solicitado la familia, y paraliza el traslado de los restos a la espera de adoptar una decisión final. Según sostienen los nietos de Franco, el decreto ley por el que el Gobierno aprobó la exhumación es nulo de pleno de derecho. Aún más, esta semana añadieron a sus argumentos la inconstitucionalidad, por lo que el periplo judicial aún podría acabar en la Corte de Garantías, lo que serviría a la familia para frenar las intenciones del Ejecutivo para este 10 de junio.

Por si acaso, el Gobierno ha puesto la venda antes de la herida. «Si el Supremo decide adoptar medidas cautelares estaría dentro de la normalidad democrática», señaló el viernes Isabel Celaá. No obstante, añadió la portavoz del Ejecutivo, el 10 de junio estará todo preparado, «tanto para la exhumación como para la inhumación». «El cementerio de Mingorrubio -añadió Celaá- reúne todas las condiciones de seguridad, privacidad y respeto».

Si el Supremo no impide el traslado, se pondrá fin a un proceso que el Gobierno pretendió acometer en un breve plazo de tiempo, pero que se habrá prolongado durante casi un año. Y aún llevándose a cabo la exhumación en la fecha fijada, todo apunta a que los nietos del dictador no darán la batalla por pérdida.

Su intención sigue siendo que Franco sea sepultado en la Catedral de La Almudena, situada en pleno centro de Madrid. Esta es una posibilidad que el Ejecutivo descarta de pleno para evitar convertir el templo católico en un centro de culto al fascismo. Existiría, además, la posibilidad que se repita lo sucedido con el general golpista José Sanjurjo, cuyos restos fueron exhumados del monumento a los caídos de Pamplona por iniciativa del Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu. Un juez ordenó después darles de nuevo sepultura en el mismo lugar, sentencia que finalmente tuvo que ser revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La encargada de pilotar el proceso ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que frente a las prisas iniciales del Gobierno optó finalmente por la cautela para blindar cada paso administrativo ante los recursos de la familia. Estos doce meses han supuesto una carrera de obstáculos.

El Gobierno ha debido garantizarse la neutralidad de la Iglesia, que podría impedir el acceso a la basílica del Valle de los Caídos. Tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Española han mantenido que éste es un asunto que solo atañe al Ejecutivo y a la familia. El prior benedictino del mausoleo franquista, del que el Ejecutivo se encargó de airear su pasado falangista, sí ha puesto cuantas pegas ha podido al traslado.

En medio, el juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid aceptó un recurso de un particular al estimar que el levantamiento de la losa que cubre la tumba pondría en peligro la integridad física de los operarios a causa de sus grandes dimensiones. La Abogacía del Estado pidió que se apartara al magistrado de la causa, como así finalmente él mismo hizo, por la «parcialidad» que demostró en un artículo del año 2007 en el que señaló que la Ley de la Memoria Histórica «representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron».