Medio año tras la exhumación de Franco

La exhumación cuenta con la oposición frontal de los nietos de Franco, quienes desde un primer momento han plantado batalla al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se da por descontado que la iniciativa del Gobierno acabará en los tribunales, y será el Tribunal Supremo quien decida en última instancia. El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha medido al milímetro sus pasos para evitar un revés judicial, pero los descendientes de Franco no están dispuestos a dejarse torcer el brazo.

Cuando el Consejo de Ministros autorice el traslado, los nietos de Franco dispondrán de 15 días para recurrir la decisión. Una vez se resuelva, y si le dan la razón al Gobierno, quedará por decidir el nuevo lugar de enterramiento. Desde le Gobierno se arguyen medidas de seguridad plasmadas en un informe de la Delegación de Gobierno para evitar que éste sea la Almudena. Sobre el fondo de la cuestión pesa que se pueda originar un centro de exaltación del franquismo en pleno centro de la capital. La apuesta del Gobierno es que el dictador sea llevado al cementerio de Mingorrubio, cercano a El Pardo y donde yace Carmen Polo, la esposa de Franco.

Aun superando los obstáculos que pueda poner la familia, el Gobierno aún debería obtener el permiso de la Iglesia. Muy especialmente el del abad benedictino del Valle de los Caídos, quien ha anunciado que no atenderá la solicitud para que los operarios procedan a la apertura de la tumba. Para obtener el permiso, la orden podría tener que llegar desde el mismo Papa Francisco.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha gozado de una mínima capacidad de movimiento desde que desbancó al PP por medio de la moción de censura, se anotaría un tanto ante el electorado de izquierda con la exhumación del dictador, algo que ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero se atrevieron a llevar a cabo.

Al Ejecutivo, además, se le agota el tiempo. Un eventual adelanto electoral podría desembocar en un cambio de inquilino en la Moncloa. Y tanto PP como Ciudadanos mantienen que el traslado de Franco no es una prioridad para los españoles. Los populares acusaron este lunes a Sánchez de recurrir a la exhumación como una maniobra para desviar el foco de atención sobre su gestión de conflicto catalán. «Tiene una obsesión con el pasado y con esa confrontación entre españoles que afortunadamente la Constitución de 1978 había dejado atrás y que, sin embargo, él parece querer resucitar cada vez que se encuentra en problemas», aseguró la vicesecretaria de Comunicación de la formación conservadora, Marta González. Podría llegar a darse el caso que el traslado del dictador se llevase a cabo en plena campaña electoral para las generales.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se exigió este lunes que la exhumación se lleve a cabo con «luz y taquígrafos». Es decir, que la operación no se lleve a cabo con nocturnidad, pese al riesgo de que puedan producirse altercados con notálgicos del régimen.

También se solicita que el Ejecutivo central «no agache la cabeza» ante los descendientes de Franco. «Ha sido un espectáculo ver durante estos meses que la familia de un dictador trataba de tú a tú al Gobierno de un Estado democrático», se señaló mediante un comunicado.