Rajoy advierte a los independentistas de que la aplicación del 155 «sentó precedente»

Durante un acto en Cádiz, Rajoy ha situado la crisis económica y el desafío soberanista como los dos grandes retos que tuvo que afrontar la España democrática en los últimos 40 años. Sobre Cataluña, apuntó que el Gobierno actuó con «moderación, prudencia y contundencia» y que aunque hubo que adoptar decisiones difíciles, contó con el respaldo de los partidos constitucionalistas «que creían que había que actuar desde la ley». En este sentido, aseveró que hará «todo lo que esté en mi mano» para mantener ese consenso constitucionalista, «aunque eso me obligue a decir que no a algunas cosas».

«En España se puede defender cualquier idea, pero siempre dentro de la ley para que no salte la convivencia», subrayó. En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo ha considerado que esa intervención dio resultado y «hoy Cataluña está mejor que hace unos meses». Y ha apuntado que recuperar la normalidad que se vivía antes, como las cifras turísticas o las empresas que se han fugado, es una labor que no le corresponde solo al Gobierno central, mencionando al resto de instituciones, administraciones, agentes sociales y sociedad civil.

Como primer paso, Rajoy ha señalado la «necesidad» de que el Parlament elija «un president legal que gobierne con normalidad y saque a Cataluña de la situación de excepcionalidad, gobernando para todos». Durante el coloquio posterior, y al ser interpelado acerca del nuevo candidato impulsado por Carles Puigdemont y Junts pel Sí para presidir la Generalitat, Quim Torra, Rajoy ha señalado que sus comentarios nacionalistas no responden al «respeto y la educación» que ha dicho observar en la mayoría de los ciudadanos catalanes. Y ha apelado a esperar a sus «hechos» para poder emitir una opinión. Eso sí, señalado que «los independentistas han comprobado que la primera obligación de todos, incluidos los gobernantes, es respetar la ley, porque está por encima de todos».

Durante el turno de preguntas en el coloquio, el líder del PP se ha referido además al auge de Ciudadanos en las encuestas, reconociendo el daño que le han hecho a sus siglas los casos de corrupción y apelando a esperar a la «buena encuesta, cuando los ciudadanos tengan que votar». Tampoco ha eludido a la posibilidad de volver a presentarse como candidato a La Moncloa si su partido se lo pide, asegurando que «los desgastes se remontan». Sobre Ciudadanos, ha asegurado que está «razonablemente satisfecho» del rumbo del acuerdo de Gobierno, que sigue «funcionando» pese a lo que calificó de «desencuentros del día a día».

Minutos antes, Méndez de Vigo se mostraba cauto respecto al candidato. Pese al perfil del aspirante de Carles Puigdemont, en el Ejecutivo esperan que ejerza de presidente de todos los catalanes y sea consciente de que debe «acomodarse a lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía». «He leído en su biografía que el señor Torra, en una época de su vida, fue vendedor de seguros, y cualquier vendedor de seguros valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace», ha anticipado Íñigo Méndez de Vigo.

En las últimas horas varias fuerzas políticas han exigido a Torra que pida disculpas por sus comentarios críticos con los españoles en las redes sociales. A juicio del portavoz del Gobierno, este tipo de manifestaciones no encajan en el espíritu de la construcción de una Unión Europa sin «nacionalismos excluyentes». De ahí que confíe en que el próximo presidente de la Generalitat emprenda la tarea de «coser los enfrentamientos entre catalanes».

De ser así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está «dispuesto y abierto» a hablar dentro de la ley, «sin fecha de caducidad, hasta la saciedad». «Nos gustaría que se inaugurara una fase de diálogo y lealtad institucional», ha reclamado Méndez de Vigo.

De salir adelante la investidura de Torra, en cuanto se constituya el nuevo Gobierno catalán, la intervención de la autonomía decaerá. Eso es lo que establece el acuerdo del 27 de octubre aprobado en el Senado y lo que determinará la retirada del Ejecutivo. Pese a que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclama que el control se extienda ahora hasta garantizar que la Generalitat respeta la Constitución, en la Moncloa insisten en que el final del 155 está establecido en «la ley» y que se cumplirá la literalidad de lo acordado en el Consejo de Ministros y en la Cámara alta. Es más, Méndez de Vigo pide a los liberales y al resto de grupos parlamentarios «unidad, responsabilidad y madurez».

Incluso el Ministerio de Hacienda levantará el control semanal de las cuentas catalanas, decretado para impedir el desvío de recursos públicos al referéndum del 1 de octubre. Sólo se mantendrá la petición mensual de explicaciones, tal y como se acordó en 2015, para hacer un seguimiento del dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.

Eso sí, en caso de nueva vulneración legal, el Gobierno advierte: «Se volverá a actuar exactamente igual».