El PP y el Gobierno se enzarzan de nuevo por la renovación pendiente del CGPJ

El Partido Socialista respondió con sarcasmo este martes en Twitter a esa iniciativa del grupo parlamentario popular: «¿Qué nos van a traer los Reyes Magos? Excusas y más excusas para seguir bloqueando el CGPJ». En esa red social, a través de un vídeo, el PSOE acusa al PP de estar «casi 1.500 días secuestrando nuestra Constitución» y de incurrir en «más de cuatro años de boicot, bloqueo y excusas». A partir de ahí, enumera los argumentos que atribuye a los populares con que han impedido la renovación del Poder Judicial.

El Partido Popular propone un texto normativo que presenta como «cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el fortalecimiento de la independencia judicial», en síntesis, el documento que los de Alberto Núñez Feijóo enviaron a Moncloa ya en julio y con el que negociaron con el Gobierno en las frustradas conversaciones que acabaron rotas a finales de octubre.

En la exposición de motivos, el PP insiste en esgrimir la exigencia de la Unión Europea de que se efectúe una reforma legal del gobierno de los jueces, «pero no con cualquier contenido»: «Se ha exigido un cambio inmediato en la forma de elección de los vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial para que los mismos sean elegidos exclusivamente por los integrantes de la carrera judicial». De esta manera, en el texto de la norma propuesta por el PP, se contempla que los doce vocales del turno de procedencia judicial sean elegidos por y entre los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se encuentren en situación de servicio activo.

La secretaria general del PP y portavoz de su grupo parlamentario, Cuca Gamarra, argumentó este martes desde Logroño, en una acto de presentación del candidato popular al Consistorio de la capital riojana, que con esta reforma lo que pretende su partido es «la recuperación de la separación de poderes y cumplir con los criterios de Europa», también, «proteger a un poder del resto de poderes». Gamarra expuso, con mucha dureza, que su iniciativa es, en definitiva, «una solución para proteger un poder ante un político como Sánchez, que busca máximos poderes con mínimos controles».

La que ahora el PP lleva por fin al Congreso es una reforma que ya contemplaba el programa electoral con el que Mariano Rajoy ganó las elecciones, pero no llegó a promoverla, con el argumento del que el Partido Socialista se oponía, si bien el Gobierno popular no requería el respaldo de la oposición, puesto que contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. De haber querido, la reforma habría visto la luz hace años.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no comparte la premisa de la elección de los jueces por los jueces, no se opone a negociar sobre una eventual reforma con el Partido Popular, pero urge a acometer, con carácter previo, la renovación del mandato vencido del Consejo General del Poder Judicial. Primero relevo de los puestos vencidos, a continuación, negociación de las reglas del juego para próximas renovaciones del órgano.

De hecho, el Partido Popular y el Gobierno habían iniciado unas negociaciones para la renovación y la reforma del Poder Judicial que terminaron saltando por los aires: el PP las rompió a finales del pasado mes de octubre una vez trascendió que Moncloa tenía la intención de reformar el delito de la sedición mediante una reforma del Código Penal. Era la última oportunidad que se habían dado Sánchez y Feijóo para llegar a un acuerdo.