El Gobierno se enroca para mantener en secreto las donaciones a los partidos

La guerra del departamento que dirige María Jesús Montero contra la transparencia en las cuentas de los partidos está a punto de cumplir dos años y acaba de llegar a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, último cartucho para mantener la opacidad sobre esas polémicas cifras.

Todo comenzó en diciembre de 2021 cuando un particular pidió al Ejecutivo el «desglose anual para cada partido, formación política o agrupación de electores de cuántas personas ha declarado que le han aportado una donación monetaria o una cuota de afiliación». El peticionario ya aclaraba desde el inicio que «en ningún caso» pedía «mayor desglose que el del número de personas que ha declarado cada partido al año, impidiendo así cualquier posible identificación de los afiliados o donantes».

Las prevenciones del peticionario no sirvieron de nada. En junio de 2022, Hacienda esgrimió todo tipo de excusas para no facilitar esa información. Arguyó en primer término que era una petición «abusiva» ya que, a su juicio, de ser atendida, «dado el gran volumen de partidos políticos, federaciones y coaliciones a los que habría que dar traslado de su petición para que pudieran realizar alegaciones», la solicitud podía colapsar sus oficinas. Además, el departamento de Montero alego «carácter reservado de los datos tributarios».

El pasado febrero, sin embargo, el CTBG rechazó todos esos argumentos. En primer lugar, Transparencia zanjó que la petición no era abusiva, sobre todo, porque difícilmente una solicitud así podría «paralizar el resto de la gestión de la actividad diaria» del ministerio.

«La circunstancia de tener que ofrecer un trámite de audiencia a los interesados no puede convertirse en una causa de inadmisión o un obstáculo» al acceso a estos datos, máxime cuando «la información solicitada guarda relación con la finalidad de transparencia» cuando se habla de una cuestión medular de la «acción política» como es las «formas de financiación de los partidos políticos y resto de entidades», apuntó Transparencia.

El Consejo también afeó al Ejecutivo que se parapetara en la «protección de datos personales» cuando nadie le había pedido un solo nombre sino cifras generales. Transparencia criticó que Hacienda invocara esa protección de identidades personales cuando lo único reclamado era la «divulgación un mero dato numérico» sobre las donaciones y cuotas de afiliación recibidas por los partidos políticos, formaciones políticas y agrupaciones de electores.

Tras este rapapolvo, el CTBG dio en febrero un plazo de diez días a Montero para publicar los datos, pero el Gobierno decidió desoír las órdenes de Transparencia y llevar el asunto a la Audiencia Nacional con la esperanza de que el tribunal de la calle Génova siga manteniendo el velo sobre estas cuentas que jamás han visto la luz.