El Gobierno se enfrenta a una semana crítica para evitar la huelga en la justicia

Sabedores de los perjudiciales efectos para los ciudadanos que tuvieron los dos meses de huelga de los letrados judiciales, con más de 356.000 juicios y vistas suspendidos y que finalizó a finales de marzo con un acuerdo que supuso mejoras de entre 430 y 450 euros mensuales a sus 4.300 integrantes (22 millones en total), los ministerios de Justicia y Hacienda deben dar ahora un paso adelante para que no se reproduzca este escenario.

Desde el pasado viernes se han producido reuniones entre los altos cargos ministeriales que se sientan en la mesa de retribuciones con las asociaciones de jueces y fiscales. El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, y su homóloga en el departamento de Función Pública de Hacienda, Lidia Sánchez, estudian la contraoferta que mañana deberán presentar a sus interlocutores para evitar los paros a partir del día 22.

El punto de partida del Ejecutivo son mejoras retributivas cuantificadas en 46,7 millones de euros. Se trata de una subida progresiva según las nóminas (la media son unos 490 euros brutos al mes) y afecta a uno de los complementos más criticados: las guardias, ya que las asociaciones ven «sangrante» que se cobre en muchos casos solo un euro la hora.

En el lado opuesto están los siete colectivos de jueces y fiscales presentes en la negociación, cinco de los cuales decidieron registrar la convocatoria de huelga el 24 de abril -todos salvo Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que no se sumaron a la espera de las reuniones con el ministerio- para reclamar parte del 20% del poder adquisitivo que denuncian haber perdido en las dos últimas décadas.

En todo caso, la propuesta apalabrada al inicio del conflicto por los siete grupos fue de 62 millones. Una cifra que suponía una subida de unos 600 euros al mes de media. Sin embargo, la unidad asociativa saltó por los aires hace una semana, en el segundo encuentro con los ministerios.

En esa cita, el Gobierno movió ficha y aumentó su oferta de 44,5 a 46,7 millones a cambio de que se suspendiera el paro. Una circunstancia que provocó las primeras diferencias entre los demandantes.

Esa misma tarde, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera con 1.355 asociados y de corte conservador, se descolgó en un encuentro informal entre los colectivos con una petición de 74 millones. Una cantidad muy alejada de la oferta de Justicia y que el resto de asociaciones consideraron «irreal, ya que solo tenía como objetivo ir directamente a la huelga por intereses alejados a la realidad de la carrera», según lamentaron fuentes cercanas a la negociación.

La brecha provocada por la APM generó un movimiento de consenso entre cuatro de las siete colectivos, partidarios de llegar a un acuerdo. Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales apostaron por reducir de 62 a 57 millones su propuesta inicial al Gobierno. Mientras tanto, los asociados de la Unión Progresista de Fiscales aprobaron la cantidad adelantada por Justicia, 46,7 millones, y Foro Judicial Independiente no quiso avanzar ninguna cifra.

Con esta división se llegó a la reunión del miércoles. Los responsables ministeriales, sabedores de esta desunión, anunciaron que este martes valorarían sus propuestas y ofrecerían una nueva cantidad. A cambio reclamaron retrasar la huelga varios días para dar margen al acuerdo durante esta semana. Todos los colectivos salvo la APM fijaron el lunes día 22. La asociación mayoritaria, superada por los acontecimientos, aceptó finalmente dar también unos días al Ejecutivo como «gesto de buena voluntad». Pero en su comunicado no anunciaron una nueva fecha para el paro para distinguirse del resto.

En el caso de los 45.000 funcionarios de base que están en pie de guerra -tramitadores, gestores procesales y personal de auxilio judicial-, los sindicatos esperan que esta semana Justicia atienda sus reclamaciones para no ir a la huelga indefinida, también el día 22. Se trata de mejoras retributivas de entre 350 y 430 euros brutos al mes, que supondría para las arcas públicas un desembolso de unos 190 millones.