El Gobierno embalsa decisiones clave y reformas hasta después del 4-M

Es parte del juego que en una contienda electoral se escuchen promesas imposibles, acusaciones sin fundamento y discursos sin mesura. Todo se justifica con el argumento de que es campaña y en ese fragor las pasiones se desatan. Pero las campañas también se convierten en frigoríficos de la acción gubernamental. La continuidad o la conclusión del estado de alarma es un ejemplo de libro.

El Gobierno anunció el 7 de abril que no iba a prorrogarlo. Pedro Sánchez introdujo durante su intervención en el Congreso la salvedad de que era su «intención», pero posteriores manifestaciones suyas y de ministros elevaron la intención a la categoría de decisión. De nada han servido las quejas, con el lehendakari Iñigo Urkullu al frente intentando hacer valor la condición de socio preferente del PNV, pero también las de comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León, Andalucía, y Galicia, o el PSOE, Castilla-la Mancha.

Pero en los últimos días, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Carolina Darias han mantenido que el 9 de mayo concluye el marco legal excepcional, reina el silencio en la Moncloa. Una discreción que ha apuntalado las esperanzas de quienes reclaman su ampliación durante uno o dos meses más. Sánchez, si quiere, tiene tiempo para hacerlo después de las elecciones de este martes en Madrid. Puede convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga y llevar la propuesta al Congreso antes del vencimiento del próximo domingo.

¿Va a hacerlo? No se sabe. Como tampoco ha habido respuestas a las pregunta sobre las razones de ese empeño en finiquitarlo o en qué afecta a las elecciones de Madrid la insistencia en liquidar el toque de queda o los cierres perimetrales, como no sea evitar las acusaciones de una nueva rectificación o dar munición a Isabel Díaz Ayuso para, en su línea tradicional, oponerse.

Pero no es el único asunto embalsado. Es previsible qua la tantas veces postergada renovación del Consejo General del Poder Judicial con mandato vencido hace dos años y medio reciba fumata blanca una vez hecho el recuento de los votos. El acuerdo, dice el Gobierno, existe, apreciación que el PP no comparte. La realidad es que la interinidad no se puede prolongar mucho más puesto que hay casi medio centenar de altos cargos de la carrera judicial vacantes sin cubrir, los vocales no pueden hacer nombramientos y Bruselas apremia para que se normalice la situación. Aunque en este caso todo apunta a que han sido los populares los más interesados en no cerrar un acuerdo durante la campaña por aquello de evitar componendas con los socialistas en medio de la batalla electoral. Hubiera sido de compleja explicación para su parroquia y gasolina para las críticas de Vox.

El Gobierno también ha dejado para después la firma de la transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco. Se rubricará el 10 de mayo aunque el acuerdo se selló el 16 de abril. El PSOE no quiso dar argumentos al PP y Vox para que desataran al calor de la campaña una ofensiva con ETA como argumento aunque Ayuso ya ha denunciado que Sánchez cedía el control de las cárceles a Urkullu para «indultar» a los terroristas.

Después de las elecciones también se conocerán las interioridades del plan de recuperación enviado por el Gobierno a la Comisión Europea para acceder a la riada de millones de euros del fondo Next Generation. Será el momento de comprobar hasta dónde llega el agua de las reformas. El apunte que se permitió en la campaña la ministra de Hacienda sobre los cambios fiscales provocó una densa polvareda. La oposición reprochó a María Jesús Montero que planteara de tapadillo una subida de impuestos y el Gobierno sepultó el debate. Lo mismo ha pasado con el globo sonda de la eliminación de las declaraciones conjuntas del IRPF.

Otro de los capítulos por conocer de ese plan de recuperación es el alcance de la reforma laboral que pactaron los socialistas y Unidas Podemos en su programa de coalición. Los morados no se apean de la derogación mientras que el PSOE aboga por un enfoque gradualista. Aguarda turno asimismo la ley de vivienda, que ha motivado los desencuentros más sonados entre los dos socios, sobre todo en el apartado del mercado de alquiler. También están en la cola los cambios en las pensiones. Y a saber qué más asuntos aguardan turno en la agenda de la Moncloa.