El Gobierno diferencia la figura de Felipe VI de los negocios de Juan Carlos I

Ante el llamativo silencio de la Casa del Rey, el Gobierno se ha erigido en el baluarte de Felipe VI porque aprecia riesgos ciertos de un deterioro imagen de la Monarquía. La portavoz gubernamental y el titular de Justicia llevaron hoy la voz cantante tras la reunión del Consejo de Ministros para preservar a Felipe VI de cualquier sombra de sospecha o de connivencia con las actividades de su padre.

María Jesús Montero subrayó que las «noticias» que llegan desde Suiza, donde la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre los movimientos financieros del rey emérito, «para nada impactan» en el prestigio de la Monarquía. Una declaración que más parece la muestra de un deseo que una realidad porque desde hace cinco años no se cuenta con un estudio oficial sobre la percepción que se tiene de la Corona entre los ciudadanos. La última vez que el CIS preguntó sobre la Monarquía fue en 2015, cuando todavía Iñaki Urdangarin no había sido condenado por delito fiscal ni la infanta Cristina se había sentado en el banquillo de los acusados y tampoco habían trascendido los presuntos negocios irregulares de Juan Carlos de Borbón. Pero incluso en ese barómetro la confianza en la institución, en una escala de 1 a 10, fue de 4,3, la más baja de la historia reciente.

La ministra portavoz trató de deslindar las cosas y precisó que las investigaciones judiciales suizas se refieren «al antiguo jefe del Estado, y para nada tienen repercusión o impacto en el actual jefe del Estado». Recordó que el pasado 15 de marzo Felipe VI retiró la asignación de casi 200.000 euros al año que recibía su padre desde que abdicó el 19 de junio de 2014, y renunció a la herencia que podría corresponderle. Unas decisiones anunciadas tras saltar a los medios de comunicación las cuentas en Suiza, la existencia de una sociedad panameña en la que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario de la fortuna de su progenitor y el presunto cobro de comisiones por el contrato de construcción del AVE a la Meca.

La portavoz recordó además que ante la justicia «cada uno responde de manera individual» y no en nombre de la institución que representa o ha representado. En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntó que las instituciones nacidas de la Constitución de 1978 «están por encima de las personas que en un momento pueden encarnarlas».

Sentadas estas bases diferenciadoras, ambos ministros reiteraron un mensaje de «tranquilidad, serenidad y confianza» porque la justicia es «igual para todos». Una igualdad, incidió Montero, que «no es retórica, es real». Campo apostilló que «hace unos años» se pensaba que la «gente importante» no podía ser condenada, pero hoy «la hemeroteca» está llena de informaciones en sentido lo contrario.

La portavoz, en su condición de ministra de Hacienda, evitó hacer comentarios sobre la posible evasión fiscal del rey emérito. Uno de los presuntos testaferros, Antonio Fassana, dijo en su declaración ante el fiscal suizo que no tenía certeza de si su cliente pagó los impuestos en España por la transferencia de cien millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudí, según informó hoy 'El Español'. «Por ley, no danos ninguna información sobre las actuaciones de la Agencia Tributaria», zanjó Montero.