El Gobierno da por descontado que los recursos a los indultos no prosperarán

El Partido Popular y Vox han anunciado ya su intención de presentar recurso. Después de que el Tribunal Supremo mostrara su clara y rotunda oposición al perdón, ambos esgrimieron que se trata de un «acto contra derecho», a pesar de que la ley considera preceptiva pero no vinculante tanto la opinión del tribunal sentenciador como la de la Fiscalía, que tampoco avala la medida. En Moncloa, sin embargo, aseguran no tener «ninguna duda» de que los recursos no prosperarán.

En el ámbito judicial también se cuestionan las probabilidades de éxito de las formaciones que lideran Pablo Casado y Santiago Abascal. La Sala de lo Contencioso del Supremo debe decidir en primera instancia si considera que estos partidos están legitimados para recurrir. La jurisprudencia juega, en principio, en su contra. En el caso de Vox puede haber aun así alguna duda porque ejerció como acusación popular en la causa; en la del PP, menos.

Otra posibilidad, siempre por lo contencioso-administrativo, sería que el recurso lo planteara la Fiscalía, aunque también parece poco probable porque nunca lo ha hecho, ni aun después de haber presentado informe contrario a una medida de gracia. Hay que tener en cuenta que, pese a que los fiscales del juicio del 'procés' fueron tan tajantes como el Supremo y argumentaron que los indultos supondrían «una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley», no serían ellos los encargados de promover un procedimiento para revocarlos.

En el entorno de Sánchez en todo caso, no apelan a ningún inconveniente procedimental para dar por sentado que nada frenará ya su decisión. «Con la motivación que estamos preparando, ajustadísima a la doctrina del Tribunal Supremo –sostienen–, ningún recurso puede prosperar». Si la ley del indulto, de 1870, hace referencia a criterios de «justicia, equidad y utilidad pública», el Ejecutivo hará hincapié, fundamentalmente, en este último, pero remarcando, como ha hecho en varias ocasiones el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no por ello se pretender restar gravedad a los hechos cometidos ni cuestionar la acción de la justicia.

El único elemento que tiene intención de rebatir el Ejecutivo, no ya de la sentencia, sino de los informes tanto de los fiscales como el alto tribunal es el de que su gesto pueda considerarse un «autoindulto», prohibido por la Constitución, por el hecho de que beneficia a dirigentes de una formación que fue fundamental para la investidura de Sánchez y que lo sigue siendo para su continuidad en el cargo, dado que el Gobierno considera a ERC un socio imprescindible para aprobar los Presupuestos.

Desde el Ejecutivo se subraya, como matiz, que los indultos no serán totales (lo que, por otro lado, es una obviedad puesto que la ley solo permite que sean parciales cuando cuentan con la oposición del tribunal sentenciador). Lo más probable es que lo que se perdonen sean las penas de sedición que quedan por cumplir pero no las de malversación que pesan sobre Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, ni las penas accesorias tanto las pecuniarias como las de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, que en el caso del líder de ERC sería todavía de casi diez años. En todo caso, todos los condenados podrán quedar en libertad.

Como todos los indultos, además, los nueve del 'procés' estarán condicionados a que los beneficiados no vuelvan a delinquir en un plazo determinado. El ministro de Transporte, y secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, aprovechó este domingo un acto de su partido en Sevilla para incidir en este aspecto y, de paso, desdeñar las críticas ante la evidencia de que ninguno de los eventualmente indultados ha pedido perdón. «¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide? –dijo en alusión a que no es una exigencia de la ley– Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo una segunda».