El Gobierno desclasifica documentos secretos sobre Pegasus pedidos por el juez

El visto bueno del Gobierno para desclasificar «los asuntos, actos, documentos e informaciones declarados secretos o reservados» atiende a la demanda del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional. Calama considera imprescindible acceder a este material para poder interrogar a los ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, quienes podrán así contestar sin cortapisas a cualquier asunto relativo a la intervención de sus comunicaciones. Tras esta citación, solo Pedro Sánchez y Luis Planas permanecen, por el momento, al margen de esta investigación.

Calama acordó estas diligencias a la vista de las declaraciones testificales que prestaron ante él la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado, y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Este optó por hacerlo por escrito, pese a que el magistrado le propuso utilizar una videoconferencia, para poder repreguntarle.

Bolaños contestó a nueve preguntas del juez y tres del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, aunque, según apuntan fuentes conocedoras del contenido de las respuestas, no aportó novedades relevantes. El ministro se escudó en que sus funciones son políticas y desconoce los detalles técnicos sobre la seguridad de las comunicaciones, que hizo recaer en el personal especializado responsable de supervisar los terminales del presidente y los ministros.

Bolaños fue llamado a declarar por el puesto que ocupaba cuando ocurrieron los hechos: el de secretario general de la Presidencia, cargo que abandonó en julio de 2021, justo un mes después de las intervenciones ilegales a los móviles. Como tal, era el último responsable del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica. Este organismo engloba la llamada Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UTIC) de La Moncloa, responsable última de la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno.

Calama abrió la investigación tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, al afectar los hechos a altos cargos del Gobierno. Denunció la intrusión en los teléfonos de Sánchez y sus ministros en plena tormenta política por un informe del instituto Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), que aseguraba que 63 personadas relacionadas con el independentismo catalán y responsables del Govern habían sido supuestamente atacadas con Pegasus. Aunque la entonces directora del CNI, Paz Esteban, redujo a 18 en su comparecencia en la comisión de secretos oficiales en el Congreso. Después, fue cesada.

Sánchez aseguró que su salida respondía a »un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno» y que, por tanto, no tenía nada que ver con el espionaje a los secesionistas. Las supuestas intrusiones en los móviles de los miembros del Gobierno se produjeron entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión de Madrid de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado por coronavirus y coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes, mucho de ellos menores, en Ceuta.

Ya en su primera resolución, el juez apuntaba a la existencia de posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En otra resolución dictada en julio, el magistrado afirmaba que el presunto robo de datos de los móviles del Gobierno no era solo una cuestión que afectase a la intimidad de los mismos y abrió la hipótesis de que se hubiera sustraído información que afectase a la seguridad nacional en el caso de la ministra de Defensa. Posteriormente, ordenó al CNI que conservase y pusiera a su disposición el volcado que hizo de los móviles, al considerar ese material puede constituir una prueba clave para avanzar en las pesquisas.

Mientras la causa estuvo secreta, el magistrado envió una comisión rogatoria a Israel para solicitar desplazarse al frente de una comisión judicial a aquel país y tomar declaración como testigo al consejero delegado de la empresa que comercializa el programa Pegasus, la compañía NSO Group.