El Gobierno descarta incluir en el plan anticrisis la subida de las pensiones pactada con Bildu

Era ya un secreto a voces que en el PSOE_había causado malestar el modo en el que Escrivá ha gestionado la tramitación de esta ley, que este jueves se somete al pleno de Cámara baja. El partido achaca en parte a su manera de negociar, criticada también por socios y rivales, la caótica votación celebrada la semana pasada en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ella, los socialistas llegaron a aceptar por error enmiendas de Unidas Podemos para destopar las pensiones y para que las aportaciones de las empresas a los planes coticen, en clara contradicción con lo que se habían acordado con formaciones como Ciudadanos. Aunque también reprochan al presidente del órgano parlamentario, Antonio Gómez-Reino Varela (UP), la mala organización del debate.

En el PSOE subrayan que ni siquiera era necesario garantizarse que Bildu no votara en contra en esa fase concreta de la tramitación, como hizo el ministro, porque al recabar el voto a favor del PNV, de los regionalistas cántabros y de Unidas Podemos –que mantuvo en duda su apoyo hasta el último momento–, ya alcanzaban la mayoría necesaria para salvar el dictamen. Sin el error del grupo socialista, Ciudadanos probablemente se habría decantado por el 'sí'. Y, además, existía un colchón importante: la abstención de Vox. Otra cosa habría sido amarrar el aval para la votación en pleno, pero según Bildu su compromiso no iba, de entrada, más allá de la comisión.

En el Gobierno admiten que el comunicado de los secesionistas vascos, que fueron quienes dieron a conocer el pacto, causó cierta perplejidad porque ningún ministro alcanza acuerdos de semejante calado sin contar con el Ministerio de Hacienda. Y en este caso, según apuntan también fuentes socialistas, María Jesús Montero no estaba en la jugada. Subir las pensiones no contributivas un 15% afectaría a unas 445.000 personas y tendría un coste de 29,2 millones al mes que, multiplicado por siete pagas hasta el 31 de diciembre supondría 204 millones de euros. Pero si también se incluyeran las pensiones de viudedad y orfandad, algo que daba a entender Bildu, la cifra se dispararía (hay más de 2,3 millones de viudas que cobran la prestación).

Ahora el Ejecutivo busca cómo deshacer el entuerto sin indisponer a un socio que fue clave para sacar adelante el anterior decreto anticrisis y otras importantes leyes. Que la medida no tendrá cabida en la prórroga del paquete de 16.000 millones de euros aprobado en marzo –el que incluye la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante repostado o la rebaja del IVA de la luz– está decidido, según fuentes del Ministerio de la Presidencia. Que se vaya vehicular de otro modo está, de acuerdo con otras fuentes consultadas, aún en debate.

En el PSOE_y el Gobierno apuntan, en todo caso, que lo que no corre peligro es justamente la ley de Escrivá. Los socialistas registraron este lunes un voto particular para corregir su patinazo con la aprobación de las enmiendas de Unidas Podemos y dan por hecho que contarán con el apoyo del PP y Ciudadanos para sacarlo adelante. Una vez rectificado el dictamen, creen que la formación de Inés Arrimadas votará a favor y que los populares podrían pasar de su 'no' en la comisión a una abstención. Con quien saben que no podrán contar en ningún caso es con ERC.