El Gobierno estudia ya denunciar al Parlament por la querella contra Llarena

El viernes tanto Mariano Rajoy como el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, advirtieron de que la iniciativa -impulsada por el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, y avalada por la mayoría independentista en la Mesa con la oposición de las fuerzas autonomistas, salvo En Comú Podem- podía ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos. Algo de lo que también alertaron los propios letrados de la institución. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias», llegó a espetar el también titular de Educación desde la mesa del Consejo de Ministros.

Esta vez, la respuesta jurídica del Ejecutivo no sería el habitual recurso al Tribunal Constitucional porque lo que se pretendería perseguir, en caso de que Torrent no dé marcha atrás, es un delito efectivo tipificado en el Código Penal. El Gobierno aduce que las querellas obligan a la asistencia letrada y al pago de un procurador que, en este caso, se pretende sufragar injustificadamente con dinero público.

Los letrados del Parlament ya defendieron el viernes que lo apropiado sería que una acción semejante la interpusiera el propio Jordi Sànchez, como afectado o, en su defecto, los grupos parlamentarios que se consideren perjudicados. Torrent, sin embargo, decidió seguir adelante y reclamó a los servicios jurídicos del órgano legislativo autonómico que sean ellos quienes se ocupen de la querella contra Llarena, aún pendiente de redacción y presentación.

El Gobierno aguardará (cargándose, según fuentes de Moncloa, de argumentos jurídicos) a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ayer ya lanzó el mensaje de que no se quedará de brazos cruzados. Todavía cabe la posibilidad de que se atienda la petición de algunos grupos parlamentarios de reconsiderar la querella. Pero, en caso contrario, el Ejecutivo tiene una clara intención de actuar.