El Gobierno cuela por la puerta de atrás una reforma para acelerar la excarcelación de 44 etarras

Durante el trámite de ponencia, el Ejecutivo introdujo sendas reformas para supresión del precepto que impedía que los etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Y posteriormente el Parlamento, en Pleno, de manera unánime, dio su visto bueno a estos cambios, que este martes se votan en el Senado, sin que nadie hiciera la más mínima mención los reclusos de la banda terrorista. Bildu y los propios letrados de los etarras llevaban desde 2015 demandando la derogación de ese precepto incluido un año antes por el Gobierno de Mariano Rajoy para no dejar que los presos se rebajaran las condenas cumplidas en territorio galo.

El informe de ponencia que el pasado 12 de septiembre la Comisión de Justicia remitió a los diputados del Pleno, al que ha tenido acceso este periódico, introdujo, sin previo aviso, dos cambios fundamentales que, obviamente, no figuraban detallados tampoco en la exposición de motivos. El primero fue la inclusión de una denominada modificación «doce bis (nuevo)» en la que literalmente se «suprime la disposición adicional única» del texto de 2014. Era esa disposición la que el PP de Rajoy introdujo a última hora en el Senado para impedir que los condenados antes de agosto de 2010 pudieran beneficiarse del nuevo cómputo más favorable. Esta modificación 'in extremis' de los populares hace una década, que entonces tampoco se dieron cuenta en un primer momento de que estaban a punto de rebajar las penas a decenas de etarras, posteriormente en 2018 fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), cegando hasta ahora la posibilidad de esos descuentos de penas.

La segunda reforma de 'tapadillo' este septiembre fue la inclusión en ponencia de la denominada reforma «once bis (nuevo)» que «modifica el artículo 14» en su primer epígrafe, garantizando ahora que «las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirán, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurídicos que las condenas anteriores firmes dictadas en España». Y no solo eso, sino que «esta equivalencia de efectos jurídicos se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta».

Ambas modificaciones, entre otras sin relación alguna con los condenados de ETA, habían sido aprobadas el 10 de septiembre en la Comisión de Justicia, con 34 votos a favor y 3 abstenciones, las de Vox, pero por motivos ajenos a la inclusión de esta reforma por la puerta de atrás, sino como protesta ante el «autoritarismo» del Ejecutivo.

El texto definitivo llegó al Pleno del Congreso el pasado 18 de septiembre. Obtuvo 346 votos a favor, ninguno en contra. Nadie, en ningún momento del debate, hizo mención alguna a la situación de los presos de ETA. El articulado, finalmente, con la desaparición de la disposición única y la inclusión del nuevo epígrafe del artículo 14 fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 24 de septiembre y luego remitido al Senado, según la documentación a la que igualmente ha tenido acceso este periódico.

En febrero de 2022, el Gobierno negó que existiera «voluntad» por parte del Ejecutivo para rebajar la condena de los presos de ETA a través de la modificación de la ley orgánica 7/2014. «No hay voluntad ni intención alguna», señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El titular del Interior apuntó que la reforma afectaba tan solo a la «interoperabilidad de bases de datos entre países europeos», sin que tuviera por tanto efectos sobre posibles rebajas de condenas de los presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia y siguen ahora en prisión en España.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -que confirmó que esta modificación permitirá que 44 etarras puedan descontar las penas cumplidas en Francia , de los que siete podrían ser excarcelados en los próximos meses- recordó que en 2022 las víctimas ya denunciaron que el Gobierno pretendía llevar a cabo esta reforma, algo que fue «negado categóricamente» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Desde la AVT, no damos crédito a lo que está sucediendo. Que este Gobierno iba a cumplir esta reivindicación histórica del entorno de ETA y esto iba a suceder tarde o temprano lo teníamos claro, pero... ¿Con el apoyo de PP, Vox y UPN?«, se quejó el colectivo. «¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras? ¿No hay nadie al volante en este país?», se preguntó la AVT.