El Gobierno critica el trato del juez a Mouilaá: «Revictimiza a las mujeres»

La primera reacción contra el interrogatorio a la actriz llegó de la mano de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que, a través de redes sociales, aseguró que «este tipo de interrogatorios» son uno de los motivos que «aleja de la denuncia y de la protección» a las mujeres víctimas de violencia de género o de agresión sexual. También señaló que «el juez debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima». Unas declaraciones que se suman a las de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que llamó a «no cuestionar a las víctimas».

Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, aseguró que las imágenes de la actriz en el juzgado le dejaron «de piedra» y con «los vellos de punta». «No hay una mujer que pueda imaginarse una situación como esta, tan revictimizante y tan horrorosa», añadió al tiempo que, siguiendo la línea de la ministra de Igualdad, comentó que este tipo de actitudes son «alegato a no denunciar», en este caso por parte del juez Carretero. Es una forma de «invitar» a que todas las mujeres se planteen denunciar, puesto que, bajo su punto de vista, es «un hombre explicando a una mujer cómo debe actuar y sentirse frente a una agresión sexual». También desde Sumar, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que no le gustaron ni «los tonos» ni «los comportamientos» del magistrado, que calificó como «más propios del pasado», sobre todo cuando «la sociedad española clama por más feminismo».

Una postura similar es la que mostró el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que apuntó que el vídeo es lo «suficientemente elocuente» para «para seguir defendiendo algo que en la legislatura anterior decía el Ministerio de Igualdad» -cuando Irene Montero todavía estaba al frente del área-, que es «la necesidad de una formación en género de muchos jueces que parece que no han entendido nada en estos años».

Por el contrario, desde el PP evitaron pronunciarse sobre el interrogatorio. «Nosotros no somos el Gobierno, yo no voy a juzgar la actuación de un juez en el ejercicio de sus funciones», aseguró el portavoz 'popular' en el Congreso, al tiempo que aseguró que desde su formación «respetamos» la actuación de los jueces. No obstante, sí lanzó críticas contra los partidos de la izquierda, a quienes acusó de vivir en «una gran contradicción» y de estar «buscando una polémica para distraer la atención» respecto a «qué sabían y qué taparon» del 'caso Errejón'.

Otro de los asuntos que ha levantado críticas en lo que respecta al juicio contra Íñigo Errejón es la filtración de las declaraciones que tanto el exportavoz de Sumar con la actriz hicieron en el juzgado. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, ha rechazado que se produzcan este tipo de hechos, sobre todo en los casos de agresión sexual, y ha recordado el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual, tal y como prevé el artículo 681.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal..

Erice ha expresado en un comunicado «su rechazo a la filtración de los vídeos correspondientes a las declaraciones prestadas ante el juez por la denunciante y por el investigado, máxime tratándose de un procedimiento seguido por violencia sexual». También ha asegurado que este tipo de filtraciones, sobre todo cuando se trata de un proceso en trámite, «podría constituir una intromisión en la función jurisdiccional del titular del órgano, cuyas actuaciones están sometidas al sistema de recursos».

Unas declaraciones que han sido respaldadas por la portavoz del Gobierno, que ha mostrado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «preocupación» ante las filtraciones. La misma actitud que ha mantenido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha asegurado sentir malestar por el hecho de que «sean de conocimiento general unas cuestiones tan sensibles, tan íntimas».

También lo ha hecho la exdiputada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que lo considera un hecho «muy grave» y contrario a la ley, que «prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a víctimas de los delitos de violencia sexual (...), así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares».«Espero que no solo las feministas, también la abogacía, judicatura y fiscalía actúen ante las filtraciones, vulneración de derechos y grave maltrato institucional, incluidos gritos e interrupciones constantes a una denunciante de agresión sexual. No normalicemos», ha escrito en sus redes sociales