El Gobierno confía en no tener que recurrir al 155 o la Ley de Seguridad Nacional

En la Moncloa confían por el momento en que no vaya a ser necesario tomar ninguna medida excepcional para preservar el orden institucional o la seguridad de los catalanes. A lo largo de los últimos días, los partidos independentistas y el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, han lanzado mensajes que permiten pensar que no se volverá a una situación similar a la de octubre de 2017 y tanto Sánchez como otros miembros del Gobierno aseguran que la colaboración de los Mossos d'Esquadra con la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido máxima en todas las reuniones realizadas para diseñar el operativo conjunto que se pondrá en marcha desde hoy para hacer frente a posibles disturbios.

En previsión de que los mejores vaticinios no se cumplan, en cualquier caso, el Gobierno ya ha previsto la aplicación de dos instrumentos a su alcance -la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155 de la Constitución-, que modulará en función de las necesidades. Y confía en contar con el respaldo de, al menos, el PP y Ciudadanos para aplicarlas. Sánchez ya se ha encargado de recordar en las últimas semanas que él estuvo al lado del Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando decidió intervenir, por primera vez desde la aprobación de la Carta Magna, la autonomía catalana porque entendió que con ello no apoyaba a un Gobierno determinado sino al Estado en sí mismo.

La Ley de Seguridad Nacional, creada en 2011 para hacer frente a amenazas que nada tienen que ver con la que ahora se pretendería atajar -ataques del crimen organizado, del yihadismo, catástrofes medioambientales...- permite al Ejecutivo asumir la coordinación de los Mossos o ponerlos al servicio de la autoridad funcional que designe el presidente del Gobierno para responder a una crisis catalogada de «interés nacional». No requiere aprobación del Parlamento, aunque el Congreso debe ser informado, y por lo tanto sería más rápida de activar que el 155.

En principio, Sánchez se reserva esta carta para un escenario de desórdenes públicos desmesurados que se escapen, voluntaria o involuntariamente, del control de la policía autonómica. Pero confía en que el dispositivo ya diseñado en colaboración con los mandos de Cataluña, y en el que se incluye a 750 agentes antidisturbios de la Policía Nacional y 350 de la Guardia Civil, sea suficiente.

El artículo 155 se reservaría para el caso de que la Generalitat incurra en una desobediencia flagrante de la sentencia del Supremo o de que se reactivara la Declaración Unilateral de Independencia del 2017. Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral hay algunas dudas de que el Senado pueda dar su imprescindible aprobación a las medidas que, conforme a ese precepto, diseñe el Gobierno, presumiblemente con los populares, pero Sánchez asegura que su equipo ha «estudiado» el asunto y que no habría problema alguno. Un aviso a navegantes.