El Gobierno confía en conservar los apoyos de Ciudadanos y del PNV para la nueva ampliación

Un debate que llegará al Congreso el próximo miércoles en un ambiente político de máxima tensión y en el momento más delicado para el Ejecutivo en sus escasos cinco meses de andadura. Con una oposición crecida con los argumentos facilitados por el propio Gobierno y debilitados los vínculos con los socios de la investidura, incluso alguno, como Esquerra Republicana, casi perdido para la causa de Sánchez.

Al frente que tiene abierto con la crisis en el Ministerio del Interior, se le sumó este jueves el de las duras palabras de su vicepresidente segundo contra la formación ultraderechista, una intervención contraria a su estrategia de no entrar en el cuerpo a cuerpo con las fuerzas de la oposición, y que causó malestar en las filas socialistas. Iglesias «tiene que recordar que no puede ejercer de líder de Unidas Podemos en una comparecencia parlamentaria como miembro del Gobierno», se quejaban este jueves en el grupo parlamentario socialista.

Un enfado que se añade al que existe en el Gobierno y en el PSOE con Fernando Grande-Marlaska. No tanto por su decisión de destituir al jefe de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, como por el momento escogido para hacerlo. De puertas para afuera hay un cierre de filas con el ministro del Interior, como lo demostraron este jueves los titulares de Asuntos Exteriores y de Justicia, pero en la privacidad de los despachos reina el malestar por la inoportunidad y el contexto en que se produjo, una investigación judicial sobre las manifestaciones feministas del 8-M, a la que en el Gobierno augura poco recorrido, pero que ha proporcionado una inesperada munición a la oposición cuando todavía quedaban rescoldos por el mal explicado acuerdo con EH Bildu para la derogación de la reforma laboral. «Tres tiros en el pie en una semana», se quejaba un diputado socialista.

Iglesias, Marlaska y el pacto con la izquierda abertzale han teñido de nubarrones el panorama político de Sánchez, y han dejado en un segundo plano la gestión de la pandemia. Una tarea que para el Gobierno es un activo social por más que no tenga un reflejo parlamentario.

La votación de las dos últimas prórrogas han sido sendos vía crucis para el PSOE. Pero en la Moncloa creen que la próxima, que será la última, según dicen en la Presidencia del Gobierno, será menos traumática aunque dan por descontado que en el debate se va a hablar poco de la Covid-19 y mucho de los patinazos del ministro del Interior, del vicepresidente segundo y del pacto con EH Bildu.

Sánchez aspira a presentarse con los deberes hechos a ese pleno de la próxima semana en el Congreso. Confía en que las relaciones con el PNV estén restañadas tras los acuerdos sellados en los últimos días y que han rebajado el mal sabor de boca de los nacionalistas tras el entendimiento de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu. El consejero Josu Erkoreka y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, han puesto al día el vetusto calendario de traspaso de competencias, complementado con el pacto de la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para que los Gobiernos del País Vasco y Navarra gestionen en sus territorios el Ingreso Mínimo Vital, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, y que será un ensayo, afirman los nacionalistas, para la gestión global de la Seguridad Social.

«Nosotros somos del dicho de que a dios rogando y con el mazo dando», afirmó este jueves Ortuzar en la cadena Ser para justificar el rápido tránsito del enfado a la recuperación de la sintonía.

El Gobierno también cree que, a pesar de los avatares de esta última semana, la relación Ciudadanos no se ha resentido porque han logrado aislar su acuerdo de los vaivenes cotidianos. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, aunque se ha mostrado muy crítico con el acuerdo con EH Bildu, la gestión de Marlaska y las palabras de Iglesias, se mostró este jueves satisfecho porque Sánchez, con el que habló el miércoles, cumple «todas las exigencias» planteadas por su grupo, desde la desvinculación de la duración de los ERTE de la vigencia del estado de alarma, aprobada el miércoles en el Congreso, y la confección de un plan B al estado de alarma con reformas en la legislación ordinaria.

Pero ni Bal ni Ortuzar confirmaron que se mantendrán como aliados del Gobierno para otra prórroga del confinamiento y las restricciones. No lo hicieron porque, entre otras razones, el presidente del Gobierno todavía no la ha pedido, aunque se da por supuesto que lo hará este sábado.

Sánchez, además de considerar necesaria por razones sanitarias otra ampliación, necesita volver a situar el debate político en el terreno de la pandemia. El desgaste sufrido por su Gobierno en los últimos días es muy alto y la homogeneidad en la coalición con Unidas Podemos se resiente. No tanto por las críticas y ataques de la oposición, que más bien actúan como compactadores de la alianza, como por las fricciones internas, hasta ahora limitadas a las medidas económicas para responder a las secuelas de la pandemia, pero que asoman en el terreno político.

Un ejemplo, los defensores más entusiastas de Marlaska son los ministros del partido de Iglesias, que tenía desde hace tiempo en su punto de mira al coronel Pérez de los Cobos, y que abogan por no rehuir el choque con la oposición. Mientras que los socialistas, en teoría más cercanos al titular de Interior, arropan a su compañero pero no esconden su incomodidad por el momento escogido para decidir las destituciones y ascensos en la Guardia Civil, y porque pone cuesta arriba la orden de Sánchez de no confrontar.