Un Gobierno cogido con pinzas

No hay partido de gobierno, de la ideología que sea, que no haya sufrido la frialdad de los baños de realidad. Toca pasar de las musas al teatro y la aritmética, siempre tozuda, recuerda que el futuro Gobierno está cogido con pinzas al contar con sólo 155 de los 350 escaños del Congreso, muy lejos de los 176 de la mayoría absoluta que requiere la aprobación de leyes orgánicas (todo dependerá de Esquerra Republicana) y a un mundo de las tres quintas partes (210) que se necesitan para cambiar la Constitución o renovar, por ejemplo, el Poder Judicial. Aquí, el concurso del PP es imprescindible y visto lo visto en la abrupta sesión de investidura, es una escenario que se antoja no complicado, sino imposible. No hay puentes levantados.

La dictadura de la aritmética establece en el Congreso tres tipos de mayorías. Simple: más síes que noes. Absoluta: al menos 176 escaños. Y, por último, la mayoría de tres quintas partes, que necesita 210. Los grandes temas, como pueden ser las pensiones o la reforma de la Constitución, requieren de estas dos últimas mayorías reforzadas, lo que hará sudar tinta china al Gobierno para sacar adelante sus grandes promesas electorales.

El futuro Consejo de Ministros tiene asegurados 155 escaños, diez menos de lo que tuvieron tras las fallidas elecciones de abril. Quedan 21 para los 176. Se cuentan con fijos los 6 del PNV, los 3 de Más País, el de Teruel Existe, el de Nueva Canarias y el del Bloque Nacionalista Galego. Total: 167. Eso sí, el tótum revolútum de siglas es tal que no será fácil contentar a todos por igual por mucho que se tire de chequera. En caso de lograrlo, de sumar esos 167, quedarían 9 para alcanzar los 176. Sólo cabe una salida: convencer a ERC para que sus 13 escaños pasen de la abstención al 'sí' cuando haya que aprobar las leyes orgánicas.

El pulgar del grupo pilotado por Gabriel Rufián es decisivo. En cuanto decida bajarlo, se acabó. No es ciencia ficción. Ocurrió a principios de 2019, cuando Esquerra optó también por tumbar el Gobierno de Sánchez surgido tras la moción de censura. Esas cuentas también llevaban el sello de Iglesias, de ahí que convendría no olvidar que la historia, a veces, suele repetirse. PSOE y Unidas necesitarán a ERC para frenar las enmiendas a la totalidad que presenten las fuerzas de la derecha. Rufián jura y perjura que su acuerdo de investidura con Sánchez nada tiene que ver con el presupuestario, pero también dijo un día que «jamás» pactarían con «carceleros», en relación al PSOE. Sea como fuere, su posición de fuerza es enorme y el Gobierno nace condicionado por su 'esquerradependencia'. Este primer Presupuesto es clave porque en caso de Sánchez logre aprobarlo, se garantizará al menos dos o tres años al frente de La Moncloa.

Junto a la palabra España, Constitución fue el término estrella que dominó las dos primeras jornadas del debate de investidura. El futuro Gobierno quiere cambiarla, por ejemplo, para blindar la subida de las pensiones en consonancia al IPC, actualizar la cartera de servicios sociales o las políticas de igualdad. También hay asuntos pendientes como la sucesión de la Corona. Pero querer, en este caso, no es poder. La única forma de actualizar la Constitución sin convocar elecciones y convocar un referéndum es sumar al menos a 210 diputados del Congreso, las tres quintas partes de la Cámara. Es decir, que el PSOE y el PP están condenados a entenderse sí o sí (suman 209), algo imposible a tenor de lo visto en los debates del sábado y el domingo.

Ha ocurrido dos veces en democracia. Una, en 1992, para que los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en las elecciones municipales. Y la otra, en 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron incluir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135.

Esta mayoría de tres quintos también es necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes, y que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. Además, desde el pasado noviembre, expira el mandato del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, así como de tres magistrados de dicho órgano.

Más allá de la subida del salario mínimo o la subida de impuestos «a los ricos», el Gobierno quiere llevar a cabo una revolución económica cimentada en dos ejes: Reforma laboral y pensiones. En este segundo capítulo, se quiere, por un lado, garantizar por ley que suban el IPC todos los años y, por el otro, eliminar tanto el factor de sostenibilidad como el índice de revalorización (el incremento garantizado del 0,25% anual aprobada por Rajoy). En teoría, bastaría con sumar 176 escaños, pero si existe un tema sistémico para la sostenibilidad del propio Estado es el de las pensiones, de ahí la necesidad de articular cualquier reforma con el mayor consenso posible dentro del Pacto de Toledo...

En materia laboral, han prometido «derogar la dañina reforma impulsada por Rajoy» e impulsar un nuevo estatuto de los trabajadores. Está por ver cómo se hace (la vía emprendida decidirá cuántos votos son necesarios), como también está por decidir en qué se traduce la limitaciones de los precios del alquiler prometida. Si se hará con leyes estatales, autonómicas o normativas municipales. No parece sencillo. Y todo ello con Bruselas al acecho. Existen unos compromisos de déficit y deuda que cumplir y el programa gubernamental habla mucho de gastos y poco de ingresos. No hay que olvidar, además, que en todos sus informes técnicos, la Comisión Europea no sólo alaba las reformas laborales y de pensiones aprobadas por el PP, sino que pide que sea un punto de partida para ahondar en ellas.