Dentro del halagüeño panorama económico que proyecta el Gobierno y que avalan las cifras macroeconómicas, el agravamiento del problema de acceso a la vivienda emborrona los hitos de los que se jacta Moncloa. Este desafío, asunto nuclear para el electorado de izquierdas, se ha convertido, ... en palabras del politólogo Pablo Simón, en un «Vietnam para el Gobierno» tras recuperar en esta legislatura el ministerio que eliminó Zapatero en 2010 con el reto de desarrollar la ley aprobada en 2023. «Cualquier política que tenga que ver con la vivienda se enfrenta a infinitos obstáculos que tienen que ver con la fragmentación de las competencias entre las múltiples administraciones y también porque los efectos solo se pueden ver a medio o a largo plazo», señala Simón.
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Más de un año después, los avances no se han producido y el reto, al que también se enfrentan los países de nuestro entorno, lejos de solucionarse, se ha enquistado. El precio de los pisos no da tregua -subió otro 8,1% en el tercer trimestre de 2024, último dato disponible y su mayor repunte en dos años y medio- y este problema se ha convertido ya en la principal cuita de los españoles, tal y como certificó el último barómetro del CIS.
Precios hacia arriba
Los pisos se encarecieron otro 8,1% en el tercer trimestre de 2024, el mayor repunte desde 2021
En este contexto y con el objetivo de recuperar la agenda social que el Gobierno ha perdido por la inestabilidad parlamentaria y las causas por presunta corrupción, Moncloa quiere empezar el año priorizando su actuación en vivienda. A la empresa pública anunciada por Sánchez, pero de la que aún no se conocen los detalles y que rechazan de saque el PP -en el poder en la mayoría de las comunidades con las competencias correspondientes- y Junts, se sumarán nuevos anuncios en un acto este 13 de enero.
Una ley sin desarrollo
El Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos aprobó en la anterior legislatura la primera ley de vivienda en la historia de la democracia. La norma que limita los precios del alquiler y desvincula las subidas de la evolución del IPC fue refrendada tras superar varios escollos a las puertas de las municipales y autonómicas de mayo de 2023.
A partir de ahí se fracturó la mayoría de la investidura, con EH Bildu respaldando la norma y el PNV y Junts denunciando una invasión de competencias que también veían los gobiernos del PP. La norma también ha provocado disenso a nivel autonómico. La decisión de los peneuvistas de recurrirla ante el Constitucional abrió una grieta con sus socios del PSE en el Gobierno vasco. Y Cataluña, por su parte, presentó dos, uno impulsado por la Generalitat y otro por el Parlament. A este último se sumó ERC pese a haber apoyado la ley estatal en las Cortes. El Constitucional ya avaló en mayo el grueso de la ley tras estimar parcialmente la impugnación de Andalucía, la primero que se presentó. Pero aún tiene otras siete por resolver.
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