El Gobierno invita a Junts a fijar condiciones para salvar 'in extremis' sus primeras normas

Podemos también ha advertido de que no respaldará la transformación del subsidio para desempleados, pero los socialistas parecen contar con poder hacerles cambiar de opinión. El partido de Carles Puigdemont es harina de otro costal. Hasta esta legislatura no había ejercido como socio del Gobierno, no tiene con las dos formaciones que lo componen ningún tipo de afinidad ideológica y su posición es abiertamente utilitarista, lo que le hace menos susceptible a apelaciones de tipo moral como la que ayer empleó Cerdán para afear su actitud a todos aquellos que están pensando votar no, incluido el PP. «Tendrán que decir a los 12 millones de pensionistas que no quieren que se les revalorice la pensión un 3,8%», adujo. Tampoco se conmueve con la advertencia de que en los decretos hay reformas exigidas por la Unión Europea de las que depende el desembolso de 10.000 millones de euros.

En la legislatura pasada los socios parlamentarios reprocharon una y otra vez al Ejecutivo que se abonara a la práctica de legislar mediante reales decretos leyes –sobre los que sólo cabe votar sí o no– en los que además incluía a menudo un popurrí de asuntos variados junto a alguna materia especialmente sensible, como la de las pensiones, para condicionar el sentido del voto. Pero, pese al enfado, prácticamente siempre acabaron pasando por el aro. Este lunes Junts dio a entender que en su caso no será tan sencillo y exigió al Gobierno retirar los textos y volverlos a llevar a la Cámara troceados.

«Estamos a favor de buena parte de las medidas pero queremos un decreto para cada tema (justicia, régimen local, mecenazgo, laboral y reforma de la ley sociedades de capital)», apuntan los posconvergentes. «Sánchez practica la política de hechos consumados. No le hemos dado un cheque en blanco», reprochó el portavoz, Josep Rius.

El Ejecutivo descarta por completo dar marcha atrás en sus medidas e insiste en que serán sometidas mañana sí o sí a la convalidación de la Cámara baja –en un pleno que físicamente se celebrará en el Senado debido a unas obras en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo– pero invita a los de Puigdemont a poner «sobre la mesa» sus condiciones. «Estamos intentando ver si hay otras cuestiones que a ellos les puedan resultar de interés. Como en toda negociación, si hay un elemento en el que es difícil llegar al punto de encuentro, hay que explorar el perímetro», apuntó en TVE la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junts pone pegas de diversa índole a los textos. Por un lado, sostiene que el real decreto ley 'ómnibus' incluye una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en riesgo la aplicación de la futura ley de amnistía porque indica que si un juez tiene dudas sobre una norma y plantea una cuestión prejudicial a Europa su aplicación quedaría en suspenso. El Gobierno replica que eso ya es así 'de facto' y que la UE obliga a incorporar a la legislación española esa jurisprudencia; pero a la formación independentista no le vale. «Si alguien necesita hacerse perdonar por la cúpula judicial es su problema y no lo hará con los votos de Junts», dijo Rius en clara alusión al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El partido de Puigdemont también alega, no obstante, que el Gobierno no contó con ellos en la elaboración de unos decretos que incurren en una invasión competencial y que obligan a la prestación de unos servicios infrafinanciados.

La única alternativa al apoyo de Junts para que el Ejecutivo pueda salvar sus primeras leyes sería, dada la enrevesada aritmética parlamentaria, el PP. Hoy por hoy, sin embargo, un acuerdo entre los dos grandes partidos resulta inverosímil, a pesar de que tanto el domingo como este lunes Bolaños se puso en contacto con la secretaria general del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, para sondearlo y también la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, llamó al Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura.

Los populares advierten de que Pedro Sánchez no puede aspirar a que sean ellos quienes salgan a su «rescate» cuando se topa con los «intereses contrapuestos de sus socios». Lo máximo que ofrecen es una abstención que permitiría convalidar el real decreto ley anticrisis, pero supeditada a tres condiciones (deflactación del IRPF; rebaja del IVA de carne y pescado, y mantenimiento del IVA rebajado al gas y la electricidad), que tanto Montero como Cerdán rechazaron de manera tajante. «Las premisas que colocan no cumplen ni con las recomendaciones de Europa –adujo la vicepresidenta– ni con una política fiscal en el medio plazo que permita sostener las cuentas públicas y preservar el estado de bienestar».