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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado por primera vez en los meses de crisis catalana el relato de los costes que tendría la independencia para esa comunidad. Hasta ahora, se había limitado a negar la sucesión de unos hechos -aprobación de las leyes ... de desconexión, referéndum del 1 de octubre, declaración unilateral- que, en mayor o menor medida, se han ido produciendo. Pero Rajoy aprovechó ayer su intervención en la que expuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución para dar un giro a su relato. Y lo hizo alertando sobre los efectos colaterales de la salida de España donde más duelen, en el bolsillo de los ciudadanos. Rajoy avisó de que la deriva independentista «está poniendo en serio riesgo» tanto el crecimiento como la recuperación de la comunidad.
Además, y también de forma inédita, puso cifras a las consecuencias que puede acarrear el «profundo deterioro» económico que se vive en Cataluña si finalmente se independizara, una posibilidad hasta ahora ajena a su discurso, pero sobre la que ya intenta contrarrestar con datos. Si se separa de España, Cataluña tendría «un empobrecimiento de su economía de entre el 25% y el 30%», algo que el propio Rajoy considera «insostenible». La riqueza de uno de los territorios más pujantes -representa el 18% del PIB español- se vería resentida con unas «magnitudes gravísimas», alertó. Por eso, entre otras cuestiones, justificó la intervención de la Generalitat.
Para el Ejecutivo, las políticas del Gobierno de Carles Puigdemont «han relegado a un parpel marginal las necesidades más básicas de los catalanes», indicó Rajoy, dando «prioridad al proceso» independentista, «y no a las necesidades de los servicios públicos». Esa línea es la que, según el presidente, «ha generado una amplia desconfianza, ha provocado el traslado de sedes, ha desincentivado las inversiones y ha desmotivado el turismo», clave tanto para Cataluña como toda España.
Hasta ahora, solo el ministro de Economía, Luis de Guindos, había relatado los efectos económicos de una hipotética secesión, aunque nunca había ofrecido cálculos sobre lo que Rajoy consideró ayer como unas «magnitudes gravísimas» en el comercio, la banca y las finanzas.
De todas las medidas conlas que el Gobierno tiene previsto intervenir la Generalitat, el control de las finanzas públicas catalanas puede resultar decisiva para el proceso independentista. Sin la posibilidad de recaudar ni de gastar de forma autónoma, como en gran medida lo venía haciendo hasta ahora, la vicepresidencia catalana, dirigida por Oriol Junqueras, tendrá las manos atadas en cuanto a recursos públicos. Para ello, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ejercerá las competencias «en materia económica, fiannciera, tributaria y presupuestaria», según indica el acuerdo aprobado ayer el consejo de ministros.
De facto, implica que el Ministerio de Hacienda controlará todos y cada uno de los ingresos que percibe la Generalitat, tanto en lo relativo a los impuestos propios como a los cedidos. Tras la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana, en septiembre, la Generalitat habilitó un sistema por el cual actuaba como una intermediaria ante el Estado en la recaudación de tributos como Sociedades, IVA e incluso el IRPF. Era así siempre que así quisieran los contribuyentes y después se traspasaran esos fondos al Estado. Hasta ahora, no había provocado ningún problema, pero el Gobierno, con el 155, quiere disipar cualquier duda en la gestión de los impuestos que se abonan.
En la parte de los gastos, el control se amplía a todas las partidas. Desde el 20 de septiembre, se encontraba en vigor el Acuerdo de No Disponibilidad por el cual se cortaron todos los gastos de la Generalitat que no fueran destinados a financiar los servicios básicos y las nóminas de los funcionarios, para lo que resta de año. Pero cuando Hacienda tome el timón presupuestario, lo hará sobre todas las partidas. Y en especial, a aquellas que «se destinen a actividades o fines relacionesdos con el preoceso secesionista». En el punto de mira se encuentran fondos como los que pueden recibir las organizaciones ANC y Omnium Cultural, entre otras.
El presidente del Gobierno recordó que desde el momento en el que Cataluña saliera de España, también abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país al que se le aplicarían aranceles al exportar. Por eso, recordó que un 70% del PIB catalán depende precisamente del comercio exterior. Así, la independencia «supondría una gran pérdida en términos de competitivad, crecimiento y empleo».
En el campo financiero, Rajoy apuntó a la consecuencia más grave de su independencia: Cataluña dejaría de estar bajo el paraguas del Banco Central Europeo al producirse «la salida inmediata» de la Unión Económica y Monetaria. La huida de empresas -CaixaBank y Banco Sabadell ya han fijado sus domicilios jurídicos en Valencia y Alicante, respectivamente- y de capitales impediría que los catalanes tuvieran al euro como divisa oficial. «Incluso la creación de una moneda y un banco central propios resultaría inviable» por el elevado déficit.
Y ahí recordó la tercera encrucijada a la que se enfrentaría la comunidad, la de la sostenibilidad de sus cuentas públicas. Los ingresos tributarios se desplomarían «por el desplazamiento de personas y domicilios sociales» así como por la falta de transferencias desde el Estado y la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Generalitat tendría que asumir muchos más gastos derivados de los servicios públicos que ahora no financia -Defensa, Exteriores, etc.- y manejar una deuda pública de la que, en gran medida, su acreedor es el propio Tesoro Público.
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