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El Gobierno asume que lograr que Esquerra apoye la investidura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat no será coser y cantar. Es más, en el núcleo del Ejecutivo y del PSOE trabajan con la idea de que habrá que alargar la negociación ... prácticamente todo el verano y que si el acuerdo llega – algo que tampoco dan por seguro– será sobre la bocina, a las puertas del 25 de agosto, la fecha tope para evitar una indeseada repetición electoral en otoño. No que es que los socialistas teman ser castigados en las urnas por los catalanes. Al contrario. Están seguros de que al PSC le iría aún mejor que el pasado 12 de mayo. Pero la cita sí puede tener efectos devastadores sobre la legislatura nacional si, como ocurrió esta primavera, los secesionistas concluyen que no es momento para hablar de los Presupuestos Generales del Estado.
La dirección del PSOE conserva la esperanza de que los republicanos acaben claudicando de su exigencia de sacar a Cataluña del sistema de financiación que rige para el conjunto de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Navarra, para articular en su lugar un régimen de concierto como el de los territorios forales. Su fe se apoya en la evidencia de que, en plena crisis interna por los malos resultados de los últimos comicios, lo lógico sería no arriesgarse a recibir un varapalo aun mayor. Pero son conscientes de que hoy están lejos de ese escenario.
La secretaria general adjunta de la formación secesionista, Marta Vilalta, por lo pronto, se mostró este jueves firme. «No nos valen ni buenas intenciones ni chantajes de 'o nos votas o repetición electoral' – advirtió– . Queremos evitar elecciones, pero solo será en base a un buen acuerdo». En una entrevista en RTVE, insistió en que hacen falta «hechos y pasos firmes», en que no valdrá una mera «declaración de intenciones» y en que el pacto sobre financiación que pueda alcanzarse, y sobre el que pretenden hacer pivotar su diálogo con los socialistas, debe implicar un cambio en las «reglas de juego».
Los peces no pican, al menos aún, el anzuelo que el domingo les lanzó Pedro Sánchez con esa afirmación de que «es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña» y con el que, sin embargo, sí se ha generado nerviosismo, como reconocen en el Gobierno, en el resto de comunidades. «Ellos siguen en el concierto», reconocía ayer, resignadamente, un miembro del círculo de confianza del presidente antes de añadir: «Lo importante es sacarlos de ahí; nosotros el concierto no lo vamos a aceptar».
El Ejecutivo tampoco aclara, en todo caso, qué es lo que estaría dispuesto a ofrecer a Cataluña al margen del sistema, más allá de argumentar que quien tiene más competencias –en este caso, prisiones y Mossos d'Esquadra, por ejemplo-también tiene que disponer de más medios. Asegura que existen «soluciones imaginativas» pero que no es el momento de hacerlas públicas. Illa, mientras, se mantiene en la idea de desarrollar la previsión estatutaria de un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat una opción que para ERC se queda muy corta.
Pese su convicción de que los republicanos tienen «dificultades objetivas» para ir a las urnas en otoño– «celebran su congreso en noviembre y les pillaría en plena reorganización interna», remarcan– nadie en el PSOE se atreve a descartar ningún escenario. En lo que sí insisten es en que en ningún caso darán la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, que necesita del apoyo del resto de fuerzas secesionistas y al menos de la abstención del PSC para lograr su objetivo. Aunque eso ponga en riesgo la continuidad de la legislatura.
El Gobierno ve probable que si hay elecciones en Cataluña ERC y Junts no querrán negociar las Cuentas de 2025, aunque se aferran a la esperanza de que abran una puerta para sortear, precisamente, unas generales.
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