El Gobierno se arriesga a su primera derrota a manos de sus socios y sin el salvavidas del PP

El Gobierno se habituó la pasada legislatura tanto a negociar al límite, como a recibir la crítica recurrente de sus socios por no hacerles partícipes de sus propuestas pese a depender de ellos para aprobarlas. Unas ataduras que se han intensificado esta legislatura hasta el punto de que el rechazo de Junts, con solo anticiparlo, compromete toda esta primera tanda legislativa del Ejecutivo y constriñe, por añadidura, el margen de influencia de los demás aliados de la investidura; aunque pasaría lo mismo si cualquiera de ellos -Podemos ya amaga con oponerse a uno de los decretos- optara por seguir la estela de los de Puigdemont con sus propios intereses. «El Gobierno debe saber que con esta realidad tiene que variar su manera de legislar», constata un cargo de EH Bildu, socio que también está analizando los tres decretos y mirando «con lupa» el que más inquieta a Junts: el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativo a la justicia.

Este texto 'ómnibus', el primero que se someterá a debate en el pleno de alto voltaje que celebrará este miércoles el Congreso -trasladado por obras al Senado y cuyo orden del día incluye las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley de amnistía-, requiere su convalidación para que España pueda dotarse de los 10.000 millones de la cuarta entrega de los fondos de la UE. Y entre los requisitos que plantea Bruselas está la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para sellar que cuando un juez español presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), la causa nacional se paralizará. En realidad, esta es ya la práctica, por lo que solo se trataría de explicitarla en el ordenamiento jurídico. Pero Junts ve en ese cambio un riesgo evidente de que se frene la aplicación de la ley de amnistía, toda vez que se da por seguro que magistrados españoles la cuestionarán ante Europa.

«Tal como está (el decreto), ahora nuestra votación en el Congreso es un no gigante», ratificó ayer en Elnacional.cat el secretario general de los junteros, Jordi Turull, quien avisó de que su partido dará por «acabada la legislatura» en el momento que acredite que no hay avances hacia el referéndum. A nadie se le escapa la exhibición de músculo que proyectaría que los independentistas frustraran dentro de dos días las intenciones del Gobierno si este no varía la redacción de sus propuestas legislativas. Con el Ejecutivo blindando sus negociaciones, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se mostró confiado en que los decretos acabarán prosperando porque no sería «entendible» que quienes apoyaron un «Gobierno progresista» lo torpedeen a las primeras de cambio.

Junts se opone también a las otras dos propuestas legislativas -una sobre conciliación laboral y familiar y la tercera, la prolongación del escudo anticrisis- por invadir competencias (recelo compartido por el PNV) y perjudicar a la financiación catalana. Una oposición a la que se suma la amenaza de Podemos de tumbar el segundo, en el que se inserta la reforma del subsidio de desempleo, ante el recorte de las cotizaciones para los mayores de 52 años. Los morados, que también tienen objeciones propias al decreto anticrisis a la espera de concretarlas, recuerdan que el Ejecutivo tiene aún margen para rectificar dentro del mes de que dispone para la sanción parlamentaria. El Consejo de Ministros aprobó los dos primeros decretos el 19 de diciembre y el tercero, el 27.

El Gobierno se enfrenta, así, a un circo con tres pistas y distintos platillos girando en cada una en el aire; y sin que el PP se sienta interpelado, al menos por ahora, por sus dificultades. Antes al contrario: Génova recuerda que Alberto Núñez Feijóo ya advirtió a Sánchez de que no le busque cuando sus socios le fallen. Los populares descartan salir gratis al rescate del Gobierno, subrayan que éste se negó a reunirse para pactar las medidas anticrisis y, en lo que se refiere a este decreto, inciden en las condiciones fijadas por su líder: deflactación del IRPF, rebaja del IVA para carne, pescado y conservas, alargar la del gas y la luz y contención del gasto público.