El Gobierno blande la amnistía como el final del «conflicto» y Junts mira ya al referéndum

En realidad, a la ley que pretende hacer borrón y cuenta nueva con el 'procés' aún le queda periplo parlamentario. El texto, modificado este jueves de forma sustancial con una nueva enmienda para garantizar a Puigdemont que ni las investigaciones por terrorismo ni el proceso por traición ni tampoco la causa por malversación le impedirán obtener el beneficio que perseguía cuando aceptó respaldar la investidura de Pedro Sánchez, el olvido penal, tiene que ser ahora elevada al pleno. Probablemente, será la semana que viene cuando se vote y envíe al Senado, donde el PP aprovechará su mayoría absoluta para retenerla durante dos meses. Pero la jornada determinante se libró este jueves, como subrayó el propio Bolaños en una comparecencia en la que presumió de «valentía». «Este acuerdo -dijo en alusión a la transaccional pactada por su partido, Junts, y ERC a las 19.30 horas de la víspera- es el paso definitivo».

Los socialistas han acabado cediendo a exigencias de Junts que hace apenas un mes, dos semanas o incluso unos pocos días consideraban inaceptables. «No es nuestra intención tocar el texto, pero entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución», decía el pasado 5 de febrero el propio presidente del Gobierno. Entonces, en el Ejecutivo aseguraban que lo que estaban dispuestos a ofrecer a los posconvergentes eran asuntos ajenos a la norma en sí, como una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de que disponen los jueces. Pero una vez más, las líneas rojas han saltado por los aires.

Cambian el preámbulo y el artículo 2 de la ley para englobar a todos los que tienen causas en el Tribunal de Cuentas; para excluir tan solo aquellos delitos graves de terrorismo que sean considerados tal según la legislación europea y no según el Código Penal; para dejar fuera de la aministía los delitos de traición pero únicamente en caso de suponer una «amenaza efectiva y real» para la integridad territorial o la independencia política de España conforme a los parámetros de la ONU; se remarca que la malversación del 'procés' puede quedar impune si no conllevó enriquecimiento, y se abre la puerta a la devolución de las sanciones administrativas menos graves.

El Gobierno se ampara en el dictamen previo de la Comisión de Venecia, solicitado por el PP y filtrado por la Moncloa el pasado viernes, para justificar este giro. El ministro insistió este jueves en que fue el órgano consultivo del Consejo de Europa el que iluminó su sendero. Solo un día antes, cuando el Tribunal Supremo anunció que asumía la causa por terrorismo contra el expresidente de la Generalitat, en el equipo negociador del PSOE ni siquiera se atrevían a descartar que el acuerdo en el que se llevaba trabajando desde que el pasado 30 de enero Junts decidió votar contra la ley en el pleno para forzar una nueva negociación fracasara y la ley decayera.

La Comisión de Venecia critica el procedimiento de urgencia y advierte de la «virulenta» división social y política que genera la amnistía, como este jueves subrayó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pero algunas reflexiones dieron también a los independentistas una munición que supieron utilizar para apretar al PSOE en un momento clave. La portavoz de Junts, Mírian Nogueras, presumía de que gracias al plante de enero han logrado una «amnistía integral» y de «aplicación inmediata».

Tras el varapalo sufrido en las gallegas del pasado 18 de febrero y el estallido del 'caso Koldo', que afecta al corazón del 'sanchismo', el Gobierno necesitaba lanzar un mensaje de que la legislatura no está en colapso. Y en Moncloa creen que con este arriesgado movimiento lo conseguirán.

Bolaños, principal negociador del Ejecutivo, no solo afirmó que la ley de amnistía «se va a convertir en un referente mundial» y se proclamó orgulloso de su trabajo. También vaticinó que va a haber acuerdo sobre las cuentas públicas. «Hay una voluntad inequívoca de todos los grupos parlamentarios y de garantizar tres años y medio de legislatura para una España que avanza con valentía, sin complejos», esgrimió.

Tanto Turull como Nogueras se aplicaron en advertir, sin embargo, que nada será tan fácil. El secretario general de Junts advirtió expresamente de que la ley de amnistía «no soluciona el conflicto de Cataluña con el Estado», pero además añadió: «Con los Presupuestos, contador a cero. Esto va a tanto la pieza». Puigdemont fue un poco más allá: «Lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho de autodeterminación». En el PSOE minimizan aun así el envite, alegan que son mensajes para la galería y se quedan con el discurso del portavoz juntero en el Senado Josep María Cleríes, quien la víspera aseguró que su partido quiere que la legislatura continúe.