El Gobierno amaga con forzar la votación de la ley mordaza sin el aval de sus socios

1. Sanciones según ingresos. Las multas se gradúan según la capacidad económica del infractor. Hay reducciones del 50% para los sancionados que cobren 1,5 veces el Salario Mínimo y del 25% para los que ingresen entre 1,5 y 2,5. La sanción incluso podría suspenderse en un acto de conciliación.

2. Imágenes de agentes. Se despenaliza la difusión de fotos y grabaciones de los agentes, salvo que éstas pongan en riesgo su seguridad o las de sus familias, afecten a operaciones o revelen instalaciones estratégicas. Esta modificación viene forzada por la sentencia del Tribunal Constitucional, de enero de 2021, que concluyó que la prohibición de grabar era inconstitucional.

3. Rebaja de multas. Para las infracciones leves la sanción mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima se reduce de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (frente a los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000.

4. Retención en comisaría. El nuevo texto reduce de de seis a dos horas el tiempo máximo que la policía podrá retener a una persona para su identificación. Solo en situaciones excepcionales la retención podrá ampliarse a las seis horas, pero los agentes deberán justificar de forma «verificable» el motivo de la demora.

5. Vuelta al destino. Los agentes tendrán la obligación, una vez acabada la identificación, de devolver al ciudadano al lugar donde fue interceptado, en el caso de que se trate de una localidad diferente a la que estaba la comisaría o cuartel.

6. Presunción de inocencia. Acaba la presunción de veracidad automática de los agentes, cuyo testimonio hasta ahora tenía valor probatorio. Para que prevalezca su testimonio, sus declaraciones y atestados tienen que presentar «lógica, coherencia y razonabilidad»..

7. Manifestaciones sin comunicación. Se despenaliza la celebración de manifestaciones sin comunicación previa en el caso de que estas protestas sea reacción a un hecho de repercusión social que justifique una manifestación pública «inmediata».

8. Estupefacientes. La posesión de droga para uso personal pasa de infracción grave a leve. Se rebaja la sanción en el caso del cultivo de marihuana en lugares visibles. Estará excluidas expresamente de estas rebajas la posesión de sustancias como la burundanga, el escopalomina, la ketamina o la GBL, usadas para la sumisión química.

9. Convocantes. No se podrá hacer responsables subsidiarios a los convocantes de una protesta por los incidentes o daños que se puedan producir si estos convocantes «hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación, y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa».

10. Protestas ante las instituciones. Desaparecen las sanciones por concentraciones o marchas en las cercanías del Congreso, Senado o asambleas de las comunidades autonómicas.

11. Uniformes. Deja de estar penado el uso de uniformes y emblemas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los casos de «actividades socio culturales».

12. Cacheos. Se endurecen las condiciones en las que las fuerzas de seguridad podrán hacer controles en lugares públicos, realizar cacheos y registrar vehículos. Una disposición adicional, todavía por redactar, especificará esas condiciones limitativas.

1. Pelotas de goma. El PSOE, a sugerencia del Ministerio del Interior, se niega en redondo a prohibir el uso de las gomas de caucho. Simplemente propone un protocolo para «utilizar siempre los medios menos lesivos y evitando aquellos que causen lesiones irreparables». ERC, Bildu y Junts exigen su prohibición absoluta y aseguran que no votarán ningún texto en el que se mantenga las pelotas. PNV aboga por un protocolo similar al que usa la Ertzaintza, que restringe la utilización a casos muy excepcionales y con autorización de las máximas instancias. La propuesta de Unidas Podemos de abordar este asunto en una hipotética reforma de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, que no estaba prevista por nadie, no convence en absoluto a los socios.

2. Desobediencia. La última propuesta de UP para atraerse a los socios es especificar en el texto que la desobediencia debe ser «manifiesta» y la resistencia a los agentes con «oposición corporal». PNV y PSOE apoyan esa redacción, pero no el resto, que se quejan de que ya hubo un acuerdo anterior, del que los socialistas se echaron atrás, que apuntaba que la desobediencia solo sería punible si era acompañada de «oposición corporal o fuerza física». Este artículo es clave. Fue usado de manera masiva por Interior durante el primer estado de alarma de 2020. Con cerca de más 1,1 millones de denuncias con sanciones de 601 a 30.000 euros.

1. Falta de respeto. Otro de los artículos de la actual ley mordaza usado de manera masiva desde su entrada en vigor en 2015. La propuesta de PNV, que cuenta con el respaldo de UP, es que solo se considere falta de respeto las «expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos» que desacrediten «objetivamente» a los policías durante el desempeño de sus funciones. El PSOE no ve mal esta redacción pero ERC, Bildu y Junts se niegan a apoyarla porque creen que es demasiado vaga y todavía permitiría las actuaciones «arbitrarias» de los agentes.

4. Expulsiones en caliente. En principio, antes de la llegada al poder Sánchez, las expulsiones en caliente (que fueron coladas con calzador por el PP en la ley de seguridad ciudadana) iban a salir de inmediato de esa normativa e iban a ser prohibidas. Había acuerdo entre todas las formaciones de la moción de censura y la investidura. Pero todo ha cambiado. El PSOE, después de que el Gobierno esté haciendo un uso masivo de esta figura (como el pasado 24 de junio tras la tragedia de Melilla), ahora simplemente aboga por aumentar las garantías de esas deportaciones exprés. Los socialistas, conscientes de que en 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Constitucional avalaron estas expulsiones, no quieren prescindir de una herramienta que ahora creen «indispensable», pero que la mayoría de sus socios quiere abolir sin contemplaciones. El Gobierno propone ahora sacar las expulsiones del texto para introducir la figura de los rechazos en frontera en la ley de extranjería.