El Gobierno se afana en cuadrar 'in extremis' el círculo de la reforma fiscal en medio de la tragedia

Junts, el aliado parlamentario más temido por el Gobierno por ser impredecible, y el PNV lograron a finales del mes pasado en sendas negociaciones que, por un lado, los socialistas renunciaran a hacer permanente el impuesto a las empresas energéticas y, por otro, que el gravamen a la banca, el otro extraordinario aprobado durante la crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania, se mantenga un máximo de tres años y se transforme en tributo concertado (y en su caso bonificado) con las diputaciones forales vascas.    El problema es que esas cesiones no gustaron nada a los socios de la izquierda.

Sumar asumió el lunes la renuncia al impuesto a las energéticas a cambio de un paquete que, entre otras cosas, implica introducir un IVA del 21% a los pisos turísticos y un impuesto a yates y aviones privados; suprimir el régimen de exención fiscal de las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimi); o pasar a gravar la primas de los seguros sanitarios privados. Pero el canje no tiene la aprobación de ERC, de EH Bildu o, como quedó claro con la intervención de Belarra, de Podemos.

Fuentes de estos tres partidos insistían este miércoles en que no claudicarán con el impuesto a las energéticas y se mostraban pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, Foment del Traball, la patronal catalana, hacía un llamamiento a Junts y el PNV –«fuerzas políticas que defienden la economía productiva»– para que tumben el pacto con Sumar. Y el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que ya la víspera había cargado contra la medida que afecta a los seguros de salud y había denunciado que se pretenda reabrir una negociación cerrada, advertía de que, llegados a este punto, lo más sensato sería limitarse a votar la trasposición de la directiva para implantar el impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales.

Esa iniciativa, de la que el Ejecutivo ha intentado colgar el resto de medidas, es prioritaria porque la Comisión ya ha denunciado a España ante los tribunales europeos por no haberla aprobado todavía. Pero, aunque se esté negociando con Bruselas para que sea más flexible, el tiempo también apremia para poder solicitar antes de fin de año el quinto pago de los fondos 'Next Generation', unos 7.000 millones de euros ligados, precisamente, a una reforma fiscal para enjugar el déficit estructural.

La reforma es, además, vista por el Gobierno como la antesala de la negociación de la senda de estabilidad presupuestaria y de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuya aprobación, según volvió a defender este miércoles Montero, se ha hecho aún más necesaria para poder canalizar las medidas relacionadas con la reconstrucción y el relanzamiento económico de las zonas afectadas por la DANA.

Podemos, que compite con Junts por el galardón de aliado más conflictivo, da señales de rigidez que preocupan al Ejecutivo. Su lema-advertencia es «ya no vale el 'malmenorismo'», el argumento de que si no se apoya al PSOE vendrá la derecha, porque es justamente en la derecha (PNV y Junts) en quien se está apoyando el Gobierno. «No es el momento de intentar conseguir por la puerta de atrás unos votos para los Presupuestos», insistió este miércoles Belarra vinculando el pacto fiscal con los posconvergentes a la negociación de las Cuentas.

El Gobierno se resiste a dar nada por perdido e intentará negociar hasta el último momento. Este miércoles, de hecho, fuentes de Hacienda descartaban limitarse hoy a votar el impuesto global a las multinacionales.