El Gobierno advierte al juez Aguirre de que la ley de amnistía es «muy clara»

Bolaños –que se pronunció con esa contundencia durante su comparecencia tras un encuentro con el delgado del Gobierno en Aragón, en Zaragoza– comenzó por hacer hincapié en que la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de la capital catalana, llega tan solo tres semanas después de que la Audiencia Provincial de Barcelona anulara la prórroga de la investigación que este había acordado en agosto de 2023 para seguir con sus indagaciones en la pieza separada del ‘caso Voloh’.

En la nueva pieza, el juez señala a Puigdemont y a otras 12 personas por alta traición. Un delito cuyo tratamiento fue, junto al de terrorismo, uno de los asuntos más discutidos entre Junts, ERC y el Gobierno durante la tramitación de la ley de amnistía.

La falta de acuerdo inicial llevó a la formación del ‘expresident’ prófugo de la justicia a tensar la cuerda de tal manera que incluso votó en contra del texto durante su debate en el pleno para forzar la reapertura de negociaciones en comisión el pasado 30 de enero.

Finalmente, el delito de traición quedó excluido del olvido penal solo en los casos en los que «se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos -dice el retocado artículo de la controvertida norma- establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970».

Bolaños dejó claro este viernes lo que, a juicio del Ejecutivo, implica esa esa redacción y, aunque sin llegar a citarlo, lanzó un aviso tanto a Aguirre como al resto de magistrados al frente de causas relacionadas con el ‘procés’, como Pablo Llarena, a quien la Abogacía del Estado pidió que deje sin efecto la orden de detención sobre Puigdemont. «Espero – dijo el ministro– que el Estado de derecho funcione y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido». «Estoy seguro de que los juzgados y tribunales aplicarán la literalidad, lo que el legislador ha querido con la ley de amnistía», repitió.

El PP, en una línea opuesta, defendió que los hechos investigados por el juez Aguirre son de la «máxima gravedad» y argumentó que es obligación del Ejecutivo «permitir que todos los instrumentos del Estado se pongan al servicio de la protección» de España. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, adujo que la «ilegal» e «inconstitucional» ley de amnistía «no da cobertura» respecto a esta cuestión a los expresidentes catalanes Puigdemont y Artur Mas.

«Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener una respuesta por parte del Gobierno de España –añadió, además, en una rueda de prensa en el Senado–, que tiene la obligación no solo de proteger a España sino también proteger la democracia española y, con ello, lo que significa la democracia en Europa».