El Gobierno advierte de que no habrá indultos para los implicados en el 'procés'

El Gobierno avanza su posición ante una hipotética petición de indulto por parte de los políticos independentistas encausados en una respuesta parlamentaria a la senadora de Unidos Podemos Miren Edurne Gorrochategui, que interpeló al Ejecutivo tras los primeros encarcelamientos por el 1-O dictados por la Audiencia Nacional. Gorrochategi preguntó no solo sobre los hipotéticos indultos, sino también si el Ministerio de Justicia estudia algún tipo de reforma del Código Penal para suavizar los artículos de rebelión (que contempla penas de hasta 30 años para los que se levanten «violenta y públicamente» para, entre otros objetivos, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional») y sedición (que castiga hasta con 15 años a los que «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes»).

La senadora cree que esas graves penas no son «proporcionales», pero el Ejecutivo, en cambio, las considera totalmente justas. «El Gobierno no considera necesario reformar la legislación penal de los delitos de rebelión y sedición. La regulación que ofrece el Código Penal de dichos delitos es exhaustiva, minuciosa, detallada y completa, contemplando toda una graduación de penas atendiendo a la gravedad de los hechos y al grado de intervención del sujeto activo», se afirma de forma rotunda en la respuesta.

«Habida cuenta la extrema gravedad de las conductas que sancionan, las penas previstas se consideran completamente proporcionadas», insiste el Gobierno de Mariano Rajoy, al tiempo que recuerda que «la rebelión es uno de los delitos más graves del ordenamiento jurídico, pues supone un ataque al sistema constitucional de forma violenta y por un conjunto de personas, como reconocen las legislaciones penales del entorno».

«Las penas previstas en los delitos de rebelión y sedición se equiparan a las del Código Penal alemán e italiano, no advirtiéndose desproporción en las mismas», abunda la respuesta, dejando clara la postura del Ejecutivo, totalmente contraria a tocar el Título XXI del Código Penal («Delitos contra la Constitución») en el que se incardina la rebelión o el Título XXII («Delitos contra el Orden Público») en el que está incluida la sedición.

Sobre el tema del indulto, el Ejecutivo recuerda que para que pudiera concederse una petición de gracia, se requiere que los solicitantes hayan sido condenados por sentencia firme, previo informe del tribunal sancionador y del Ministerio Fiscal que a su vez, deberán recabar información sobre la conducta del penado a Instituciones Penitenciarias. Pero en cualquier, caso, el Gobierno ya anticipa que mantiene intacto su «compromiso de no conceder indultos a aquellas personas condenadas por delitos de extrema gravedad, tal y como ha hecho hasta la fecha», cerrando así la puerta a cualquier tipo de perdón en caso de condena por los tribunales.

En la actualidad, hay 33 personas encausadas por rebelión o sedición durante el proceso secesionista del pasado año. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene imputadas a 28 personas por los delitos de rebelión, sedición o malversación de caudales públicos y la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a cinco por sedición.