El Gobierno admite que la exhumación del Franco antes del 28 de abril no está garantizada

Ahora toca agotar el plazo de quince días hábiles que el pasado viernes se concedió al a familia del dictador para designar el lugar en el que querría reinhumar sus restos (excluida la cripta de la catedral de La Almudena). Pero es previsible que los Franco recurran la decisión del Gobierno al Tribunal Supremo y reclamen medidas cautelarísimas. En función de lo que decida la corte el proyecto gubernamental quedará o no suspendido por unos meses.

Si el Supremo no aceptara paralizar cautelarmente el desenterramiento mientras decide sobre el fondo de la cuestión, el Ejecutivo sí lo llevaría a cabo a la menor brevedad. Pero Celaá insistió en que su intención ha sido y es ser lo más «garantistas» posibles. «Ojalá las víctimas de Franco hubieran tenido las mismas garantías que la familia», llegó a decir.

Otro obstáculo es la negativa del prior de la basilica benedictina del Valle de los Caídos a facilitar la operación al Gobierno. Aunque el Ejecutivo aseguró que cuenta con el apoyo del Vaticano, 'El Independiente' publicó este viernes la carta del secretario de Estado Pietro Parolin en la que deja claro que «no quiere intervenir en una cuestión sujeta a la jurisdicción española». «Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior -adujo Celaá- tendría un daño reputaciónal de magnitud significativa».