Gobierno y PP pactan reformar la Constitución pero solo para quitar el término «disminuidos»

El PNV había aprovechado la iniciativa –aparcada desde hace más de cinco años– para presentar una enmienda e introducir el derecho a decidir del País Vasco, mientras Compromís, otro aliado habitual del Ejecutivo de Pedro Sánchez, reclamaba recuperar el derecho civil valenciano contemplado en la reforma de su Estatut del año 2006 y que fue frenado por el Tribunal Constitucional.

Pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó esta mañana que finalmente «se ceñirán solo a la reforma del artículo 49», descartando tocar así cualquiera de los puntos a los que aludían los socios de la investidura con esas enmiendas. Lo hizo tras reunirse con Cuca Gamarra, portavoz de los populares, quienes también albergaban el temor de que dichos aliados forzasen un referéndum sobre la reforma. Algo que pueden hacer una décima parte de los diputados (35) si se trata de una reforma constitucional.

Pero lo acordado va en la dirección opuesta. Ambas formaciones pretenden que la reforma salga adelante sin referéndum, circunscribiéndose únicamente a la discapacidad e incorporando el dictamen del Consejo de Estado. La ausencia de los informes emitidos por este órgano fue uno de los argumentos esgrimidos por el PP en 2018 para presentar una enmienda a la totalidad. Eso sucedió durante la época de Pablo Casado, quien acusó a Sánchez de no contar con el principal partido de la oposición para abordar tal reforma. La Carta Magna solo ha sufrido pequeñas modificaciones en 1992 y 2011.

Ahora la situación ha cambiado y, según adelantó Bolaños, durante las próximas semanas se abrirán las conversaciones al resto de grupos parlamentarios para poder llevar a cabo la reforma con un apoyo unánime. «Nadie puede estar en contra de proteger a las personas con discapacidad y de blindar sus derechos», apuntó el titular de Presidencia sobre un cambio reclamado por las asociaciones de personas con discapacidad desde hace tiempo.

La reunión tuvo lugar en el Congreso y duró algo más de una hora. Se trataba de la primera ocasión en la que Bolaños se reunía con los populares después de que las negociaciones para renovar el Poder Judicial saltasen por los aires el pasado mes de octubre. En Génova acusaron entonces al ministro de la Presidencia de haberles «mentido» al asegurar que el Ejecutivo no derogaría la sedición –algo que finalmente sí sucedió–. Y ayer el propio Bolaños aprovechó su comparecencia para instar al PP a «cumplir con lo pactado». Gamarra, por su parte, censuró en su turno de palabra que el dirigente socialista usase dicha rueda de prensa «para abordar otros asuntos».