El Gobierno se acerca al 8-M con la pugna por la ley de libertad sexual aún abierta

No es ya que en el PSOE no quisieran dejar sin contestación el ataque explícito de Iglesias al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el responsable de un largo y prolijo informe, publicado por la Cadena Ser, en el que se enumeraban todas las deficiencias contenidas en el borrador original de la iniciativa presentada por Irene Montero. Es que hoy el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, prosiguió con los reproches. Si su jefe de filas había argumentado que «en las excusas técnicas hay mucho machismo frustrado», él añadió que «cuando las mujeres redactan una ley (en clara alusión a su compañera Montero) parece que hace falta que venga un machote y te diga: ven que ya te la arreglo yo y te explico cómo hay que hacer las cosas».

El aludido aprovechó su presencia en un desayuno informativo del líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, para replicar que lo que ha ocurrido con este texto normativo no tiene nada de excepcional y que todas las iniciativas del Gobierno que afectan a varios ministerios son sometidas a supervisión y retocadas para pulir errores. «Lo que ha habido -dijo quitando hierro al asunto-son los procesos ordinarios de mejora».

Sobre el papel, efectivamente, todos los Ejecutivos funcionan así y, como subrayó el ministro, casi siempre es a Hacienda y a Justicia a quienes les corresponde desempeñar el papel de «antipáticos». La diferencia, en este caso, está en que la norma partía de un socio de la coalición y las correcciones de otro. Y, sobre todo, en que una parte decidió hacer público lo que podía haberse quedado en un cabreo sordo. «Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado», ironizó también Campo cuando se le inquirió por las acusaciones de machismo vertidas en su contra desde Podemos.

En el trasfondo de esta polémica subyace, en todo caso, la batalla por una bandera, la de la defensa de la mujer, que resulta identitaria para ambos partidos, pero en la que el PSOE y Podemos tienen algunas diferencias de fondo (los socialistas aseguran que con Izquierda Unida existe, en cambio, más sintonía). La fractura es perceptible también en los movimientos feministas. Las asociaciones tradicionales (una etiqueta que no termina de gustarles) acusan a la formación de Iglesias de «priorizar las políticas LGTB» que, dicen, en muchas ocasiones chocan con los derechos de la mujer.

Algunas fuentes hablan incluso de «guerra abierta» en el feminismo por estos temas. A Montero, en concreto, se le echa en cara su posición respecto a la abolición de la prostitución, una promesa electoral del PSOE que ahora parece condenada a dormir el sueño de los justos, pero también su apuesta por la «autodeterminación» del sexo (que cada uno pueda definirse como considere oportuno sin que medie certificación de profesionales cualificados), un principio que las activistas clásicas consideran «peligroso» y con el que ya se pretendía impregnar, aseguran, el anteproyecto de ley de libertad sexual.