El Gobierno se abre a solucionar la huelga de funcionarios judiciales antes de las elecciones

Será la última prueba de fuego del departamento que dirige Pilar Llop antes de pasar a funciones tras los comicios de julio. Y la empresa no será fácil, ya que de nuevo la voz cantante la llevará la secretaría de Función Pública del Ministerio de Hacienda, encargada de supervisar las condiciones laborales de los funcionarios de la administración general del Estado. Si este órgano fue quien autorizó al desembolso directo de unos 70 millones de euros para desencallar la disputa con los letrados judiciales, jueces y fiscales, ahora deberá agrandar el bolsillo si quiere satisfacer las exigencias de los sindicatos.

En el caso de los 45.000 funcionarios de base que están en pie de guerra -tramitadores, gestores procesales, personal de auxilio judicial y médicos forenses- reclaman mejoras retributivas de entre 350 y 430 euros brutos al mes, que supondría para las arcas públicas un gasto de unos 190 millones.

Para ello, los sindicatos están citados en Justicia el próximo martes a las 12:30 horas. Una llamada que se produce un mes y medio después del inicio de las movilizaciones parciales y diez días más tarde de la huelga indefinida, que ha supuesto la suspensión de cerca de miles de juicios y señalamientos de todo tipo en las comunidades donde trabajan estos funcionarios.

La unidad sindical está garantizada y a la convocatoria con el secretario de Estado de Justicia, 'Tontxu' Rodríguez, irán representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritario en el sector, STAJ, CCOO y UGT. Pese a la llamada conocida este viernes, el comité de huelga mantiene los paros hasta conocerla estrategia del ministerio o una posible oferta económica, tal y como hizo con jueces y fiscales en el primer encuentro.

Uno de los asuntos clave, y que ya no se podrá negociar debido al anticipo electoral y el hecho de que las leyes que se tramitaban en el Congreso han decaído, será el papel de los cuerpos generales en los proyectos legislativos que vertebran el Proyecto Justicia 2030. En concreto, se trata de las leyes de eficacia organizativa, procesal y digital que marcarán el futuro de la administración judicial. Para impulsar este plan el ministerio había recibido unos 470 millones de fondos europeos.