El Gobierno abona el terreno a indultos por el 1-O pese a la Fiscalía y el Supremo

Calvo afeó, en una entrevista en TVE, que los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal apelaran en los doce escritos presentados la semana pasada a que los hechos protagonizados por los doce condenados desbordan los «contornos legales» del delito de sedición, por el que fueron condenados nueve de ellos, para entrar en «algunos de los elementos típicos de la rebelión». «Ese informe –adujo– abunda en una posición contraria de la posición de la Sala Segunda del Supremo que emitió la sentencia«.

El pasado miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se mostró crítico con los argumentos del ministerio público, pero no por el motivo apuntado por Calvo sino por el hecho de que, entre sus argumentos para rechazar que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, remarcaran que esa medida no está concebida para «satisfacer intereses políticos coyunturales» u operar como «moneda política de cambio» en las negociaciones parlamentarias. «A mí me gusta que los informes sean técnico-jurídicos», recriminó el ministro.

Tampoco es la primera vez que un miembro del Gobierno recuerda que los informes que ha de analizar el Gobierno antes de conceder un indulto son preceptivos pero no vinculantes. Ya lo hizo el pasado día 15, titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en una comparecencia en la Moncloa. Y este fin de semana, en una entrevista en 'La Vanguardia, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, argumentó que «el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia« .

En principio, se espera que los magistrados que condenaron a los dirigentes independentistas también se pronuncien en contra del indulto, como se opusieron con dureza a principios de este mes a que se les concediese el tercer grado (o régimen de semilibertad) por considerarlo prematuro. En todo caso, su informe aún tardará en llegar y cabe la posibilidad de que ni siquiera esté listo para antes del 14 de febrero, cuando se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña, porque, además de la opinión de la Fiscalía, quiere recabar, tras las fiestas navideñas, la de la Abogacía del Estado como perjudicada por la malversación de caudales públicos cometida, según la sentencia, por cuatro de los condenados .

La número dos del Ejecutivo aseguró que los comicios autonómicos no marcan para el Ejecutivo ningún plazo temporal y defendió que el indulto es un derecho de gracia que tienen «todos los que cumplen una condena». Además, insistió en que no siempre se conceden con informes favorables y que eso también forma parte de la «normalidad procedimental». Sin embargo, según los datos recientemente ofrecidos por el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, en el Congreso, solo el 2% de los concedidos entre 2018 y 2019 lo hicieron con el tribunal y la Fiscalía en contra.

El PP ya se adelantó este lunes a rechazar la posibilidad de que los condenados del 'procés' engrosen la lista de excepciones y frente a las palabras de Ábalos, su portavoz, José Luis Martínez-Almeida defendió que la «obligación moral» del Gobierno es que se respete la ley. «Si no hay arrepentimiento –dijo– ¿cómo se va a indultar?».