La Generalitat regresa a la dinámica autonómica sin cejar en el referéndum

Resucitar la comisión bilateral mixta fue uno de los pocos acuerdos que cerraron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en su hasta ahora única reunión en la Moncloa. Cogobernanza de los fondos europeos, ley de dependencia, becas o el ingreso mínimo vital son los otros temas que el Govern quiere poner sobre la mesa.

Aun a riesgo de que la CUP le acuse de estar practicando el 'peix al cove' pujolista (más vale pájaro en mano) y de que sus socios de coalición, JxCAT, estén abonados a una posición escéptica, como han puesto de manifiesto en la última semana desde Carles Puigdemont al vicepresidente, Carles Puigneró, o Elsa Artadi, Aragonès pone toda la carne en el asador en este foro, incluido en el Estatuto, por varias razones. La primera es por pura voluntad negociadora.

Esquerra tiene asumido que la independencia ya no es cosa de 18 meses como prometía Puigdemont, sino que va para largo. Y en consecuencia, el Gobierno de Cataluña quiere seguir apretando al Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con sus competencias mientras ensancha la base social del secesionismo. «Estaremos allí donde estén en juego los intereses de Cataluña», repite el presidente de la Generalitat.

La segunda razón para apostar por la comisión bilateral es más estratégica. Otro de los compromisos que salió de la reunión entre Sánchez y Aragonès fue la reactivación de la mesa de diálogo para buscar una salida negociada a la cuestión catalana a partir de la tercera semana de septiembre. Y es ahí donde el Govern quiere poner sobre la mesa su propuesta de amnistía y autodeterminación. Aragonès reactiva la agenda autonomista para evitar la «trampa» que el independentismo teme que les haga Pedro Sánchez, llevando su agenda del reencuentro a la mesa de diálogo, es decir, financiación autonómica, inversión e infraestructuras, para no entrar en la cuestión soberanista y vaciar la mesa de los temas que quieren abordar ERC y Junts.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, fue clara a los pocos días de su nombramiento: el independentismo debería renunciar al referéndum y debería aprender la lección, avisó. Sus palabras cayeron como un trueno en la Generalitat. El soberanismo no quiere acudir a la reunión de septiembre con el Gobierno en la Moncloa, con la autodeterminación bajo el brazo, y que la respuesta que reciba sea un proyecto de ampliación del aeropuerto y compromiso con los Juegos Olímpicos de Invierno en Barcelona-Pirineos para 2030. Dos asuntos además en los que no hay consenso en el seno del Govern y que corren el riesgo de encallar por las diferencias en el independentismo.

El secesionismo hace un planteamiento de máximos frente al Gobierno, que avisa que el límite es la Constitución y que quien tiene que empezar a dar pasos, después de la concesión de los indultos, es el Govern. El PSC habla de votar un nuevo Estatuto, pero ni el independentismo puede aceptar una fórmula de encaje en el Estado, ni los socialistas pueden embarcarse en una operación de calado en el tramo final de la legislatura.

En el independentismo todos dan por hecho, en realidad, que la mesa fracasará. Y cuando lo haga, apuntan en Junts, habrá que dejar de apoyar al Gobierno en los Presupuestos. Aragonès, en cambio, necesita que la mesa no encalle a las primeras de cambio y al menos pueda durar dos años, hasta el ecuador de su mandato y cuando tendrá que renovar la confianza de sus socios.