La Generalitat lleva el referéndum y los presos a la comisión bilateral

El Ejecutivo insiste en que no se moverá de su posición, es decir, que reiterará que la secesión no tiene cabida en la Constitución española, pero que, como ya hizo el propio Pedro Sánchez con Quim Torra en el encuentro que ambos mantuvieron en la Moncloa el pasado 9 de julio, escuchará lo que quiera plantear el gobierno catalán sobre este asunto. Es su estrategia para evitar que sus esfuerzos para la «normalizar» las relaciones institucionales, seriamente dañadas, no se vayan al traste. Ya lo adelantó el martes la ministra portavoz, Isabel Celaá: «Una parte hablará de lo que considere oportuno y la otra contestará lo que sea procedente».

En realidad, en el orden del día no aparece la palabra referéndum y tampoco se menciona como tal a los presos. Es todo más sutil. En el sexto punto, de un total de trece, dice: «Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña». Y a continuación abre dos categorías. La primera: «En materia de derechos y libertades». La segunda: «En relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político».

A cambio, la Generalitat ha accedido a oír lo que la ministra de Política Territorial tenga que decir para convencerles de que Cataluña debe participar en órganos como el Consejo de Política Fiscal (CPFF) y Financiera o la Conferencia de Presidentes, de los que hace tiempo que decidió desentenderse porque considera que no es una comunidad más y que su relación con el Estado debe ser de tú a tú. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó en la última reunión del CPFF una advertencia en este sentido y dejó claro que no hablará de financiación autonómica en ningún foro que no sea multilateral.