Nueva bronca, la enésima, en un Consejo Fiscal que vive instalado en la confrontación y en la agitación desde hace meses, cuando no años. El fiscal general del Estado volverá a proponer nombrar a su predecesora en el cargo, amiga íntima y exministra de Justicia, ... Dolores Delgado, como fiscal de Sala al frente de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Y ello, después de que la mayoría de esta institución directamente haya mostrado su enfado con la imposición de esta designación directamente votando en blanco.
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Álvaro García Ortiz desoyó este martes la petición de siete de los doce miembros de este órgano (que fueron los que finalmente votaron en blanco) y siguió adelante con la reunión de los fiscales, en busca del aval legal para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado mayo tumbó la designación de Delgado por motivos procedimentales, ya que en la primera ocasión el fiscal general, tal y como era preceptivo, ni siquiera escuchó al consejo para la designación de la su antecesora. Al final, efectivamente, el máximo responsable del Ministerio Público de España obtuvo el 'apoyo' del Consejo Fiscal, pero con solo de cinco de sus doce miembros. En cualquier caso, a García Ortiz le hubiera dado igual el veredicto de este órgano, pues éste es meramente consultivo y él, en cualquier caso, hubiera tenido la última palabra para nombrar a Delgado.
El pasado 7 de mayo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tumbó el nombramiento de la exministra al frente de Memoria Democrática, tras admitir los recursos de dos asociaciones de fiscales, la conservadora AF y la APIF, y del integrante de la Fiscalía Antidroga Luis Ibáñez (candidato al cargo que ahora volverá a las manos de Delgado cuando el Consejo de Ministros vuelva a nombrarla por segunda vez). Los tres recursos reclamaron al alto tribunal que declarase la nulidad de este nombramiento y devolviera las actuaciones al momento anterior de la designación de Delgado, en junio de 2023.
Los firmantes alegaron que la decisión no fue válida porque el sucesor de la nominada, el actual fiscal general García Ortiz, no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, ya que la pareja de Delgado (el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón) dirige una fundación dedicada precisamente a la defensa de los Derechos Humanos.
García Ortiz propuso entonces nombrar a Delgado pese a que ésta solo recibió el voto de un representante en el Consejo Fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -colectivo al que pertenecieron ambos- y de las dos consejeras natas del organismo. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. Cabe recordar, no obstante, que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra sobre la decisión de los nombramientos. Finalmente, el Consejo de Ministros designó a Delgado el 13 de junio de 2023.
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La decisión de la Sala de lo Contencioso del Supremo llegó casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara la sentencia por la que el propio tribunal ordenó anular en noviembre pasado el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera, como fiscal de sala de lo Militar en el Supremo.
En aquella ocasión, la Sala encargada de examinar las resolución administrativa del Ejecutivo estimó en parte el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, que también optaba al cargo, ordenando retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza» de fiscal de la sala.
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En aquella sentencia, los magistrados entendieron que su designación supuso un ejercicio de «desviación de poder» por parte de García Ortiz, porque la única finalidad era conceder un ascenso a Delgado, de quien él había sido número dos en la Fiscalía General del Estado. Una mención que llevó al PP a presentar una querella contra el máximo responsable del Ministerio Público por un delito de prevaricación, pero la Sala de lo Penal del Supremo decidió no admitirla y, por lo tanto, archivarla el pasado abril al concluir que no existían indicios delictivos.
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