Las aguas bajan revueltas en la cúpula de la Fiscalía a causa de la tramitación de la ley de amnistía y la creación de comisiones parlamentarias para investigar supuestos casos de 'lawfare' o guerra judicial contra el independentismo catalán, que podrían señalar las actuaciones de ... jueces y fiscales.
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A la petición de amparo de los cuatro fiscales que acusaron en el juicio del 'procés', el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, volvió a reiterar este lunes que defenderá «a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones». Lo hizo en respuesta a las críticas recibidas por una parte de la carrera, que lamentó su «pasividad» a la hora de proteger a estos compañeros del Tribunal Supremo.
García Ortiz ha indicado, en el marco de la Junta de Fiscales Superiores de las comunidades autónomas que se ha celebrado en el Pazo de Mariñán (A Coruña), que actuará «como corresponde a la más alta representación de esta institución», en defensa de «cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el 'procés' independentista de Cataluña».
En este sentido, ha reiterado su apoyo «a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales». Al mismo tiempo, ha pedido a sus subordinados lealtad institucional, algo que ha calificado de «imprescindible» para contribuir al buen funcionamiento del Ministerio Fiscal.
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García Ortiz ha explicado que, a pesar de que está en pleno proceso de renovación, ha decidido seguir adelante con esta Junta de Fiscales Superiores porque se había comprometido a ello antes de que acabara el año. «Estos son los espacios de diálogo, de consenso, de poner encima de la mesa los problemas que tenemos, que son muchísimos y muy relevantes, pero estamos aquí para trabajar, para avanzar, para servir a los ciudadanos y para hacer mejor la justicia española», ha dicho.
En concreto, ha abogado por que dicho proceso de renovación conduzca a «un planteamiento de futuro a la Fiscalía Española». «No debemos, o no debo, tener las luces cortas, hay que tenerlas largas, hay que pensar en la institución y hay que pensar en el futuro, a no enredarnos en asuntos que a lo único que nos llevan es al desconcierto personal o profesional. Y sí mirar hacia delante y proponer soluciones», ha insistido.
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El jefe del Ministerio Público ya se había manifestado en este sentido en el marco de unas jornadas de fiscales de derecho civil celebradas en Córdoba, al afirmar que todos los fiscales de España pueden estar «tranquilos» porque «siempre» actuará en defensa de la carrera.
Fueron los cuatro fiscales del 'procés', Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, quienes pidieron amparo sin que por el momento hayan obtenido respuesta. Por este motivo, 18 de los 26 fiscales del Supremo dirigieron su propia misiva a García Ortiz reprochándole que ignorara «deliberadamente» la petición de sus colegas «ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos».
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Posteriormente, 22 de los 29 fiscales de Anticorrupción expresaron su «profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho», mostrando su apoyo a los fiscales del 'procés' en su petición de «amparo institucional».
Así las cosas, la mayoría del Consejo Fiscal, el órgano que asesora a García Ortiz, solicitaron formalmente que esta petición de amparo se sometiera al órgano consultivo, que la abordará en su próximo Pleno, previsto para el 20 de diciembre. La petición partió de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, a la que se sumó después el consejero de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
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Los vocales propusieron la «aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés', realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política».
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